El Tribunal Constitucional (TC) paralizó ayer por segunda vez los derribos que el Ayuntamiento de Valencia lleva a cabo en el barrio protegido del Cabanyal. Admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la ley aprobada por el Parlamento autonómico, con los votos del PP, que autorizaba las demoliciones en este barrio marítimo de 21.000 habitantes.
El TC zanja con su decisión, por segunda vez, la polémica con la alcaldesa, la conservadora Rita Barberá, y el jefe del Ejecutivo valenciano, Francisco Camps, sobre la decisión del Ministerio de Cultura de paralizar el Plan Especial de Protección y Reforma Interior del Cabanyal, por considerarlo un expolio del patrimonio cultural. "Bueno sería que imperara la razón, el respeto a la ley, la racionalidad y el aprecio a los valores", dijo el delegado del Gobierno.
