Clarisa (nombre ficticio) es una de las miles de víctimas que, cada año, son engañadas para ser traídas a España a ejercer la prostitución. En su caso, un hombre de negocios rumano le ofreció trabajar de camarera en este país pero, una vez aquí, fue explotada sexualmente en un entorno de agresiones físicas y amenazas. Ella se atrevió a denunciar, algo poco frecuente, y la sentencia condenó al tratante a penas de seis años y medio de prisión y a pagar la cantidad de 65.000 euros en concepto de responsabilidad civil por los daños morales y perjuicios sufridos por la víctima. Sin embargo, hoy por hoy, Clarisa solo ha llegado a cobrar 280 euros, pese a las graves vejaciones y la situación de prácticamente esclavitud que sufrió.

No es el único caso. El consorcio Justice at Last, un proyecto financiado por la UE que tiene por objetivo mejorar el acceso a la compensación para las personas tratadas y las víctimas de delitos conexos y en el que España trabajan las oenegés Proyecto Esperanza y Sicar.cat, ha estudiado 60 casos (de nueve países, 10 en España) de personas explotadas, sobre todo laboral o sexualmente, que han buscado un resarcimiento económico tanto en procedimientos penales como civiles. De los casos en estudio, solo dos de cada tres obtuvieron compensación, vía sentencia. Y, de manera «preocupante», según los investigadores, solo una cuarta parte han llegado a recibir la cantidad establecida de manera efectiva.

El motivo es que la mayoría de los tratantes se declaran insolventes, según explicó la fiscal delegada de extranjería de Barcelona, María Pilar Izaguerri, en una jornada en Madrid. Ahondando en esta idea, el integrante de la brigada de trata de seres humanos de la Policía Nacional, Ismael Delmás, explicó que no es que no tengan patrimonio, sino que la mayoría de los tratantes tienen sus bienes en el extranjero y a nombre de otras personas, por lo que es muy difícil su persecución.

SENTENCIAS / Es una situación habitual. En España, del 2012 al 2017, ha habido 56 sentencias condenatorias por trata de personas y 46 de ellas incluyen la necesidad de indemnizar al afectado. Los primeros fallos son los que normalmente no recogen el resarcimiento a la víctima, una situación que cambió cuando el Tribunal Supremo estableció que la necesidad de reparar el daño moral es inherente al delito de trata, donde se merma hasta las últimas consecuencias la dignidad de la víctima. Si bien, la estadística española no recoge cuántas han recibido una indemnización de manera efectiva. Según la fiscal Izaguerri, serán «muy pocas», solo en aquellos casos que el condenado haya decidido colaborar o esté trabajando desde la cárcel y parte de su sueldo se transfiera directamente a la víctima.

La falta de compensación es un problema más de la dificultad de perseguir el delito de trata, sobre todo de explotación sexual, dado que las redes de crimen organizado convierten a las víctimas en personas muy vulnerables, con un miedo terrible a denunciar. Así, de las 600 investigaciones abiertas desde el 2012, el 48% se archivaron.