Huelva Solidaria cuenta ya con un expediente judicial por la venta de empadronamientos durante el reciente proceso de regularización de inmigrantes, y tres de sus miembros comparecieron el 19 de mayo en el juicio por el cobro de 1.500 euros para la gestión de viajes a familiares de inmigrantes y que no se realizaron.
Fuentes de la ONG Andalucía Acoge subrayaron que la entidad se ha aprovechado de inmigrantes "dispuestos a pagar cualquier cantidad para lograr un documento, sea o no verdadero", e instaron a las administraciones a "investigar y detener a personas u organizaciones que se lucran a costa de los inmigrantes".
