Justicia de ida y vuelta. Si el pasado 10 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenó la suspensión cautelar del concurso de la privatización de seis hospitales, ayer dio marcha atrás y levantó la medida al apreciar una de las alegaciones presentadas por la Comunidad de Madrid: que el autor del recurso, el Partido Socialista de Madrid (PSM), no estaba legitimado presentarlo al no ser parte afectada.
Los socialistas habían recurrido porque solo cuatro días antes de la finalización del plazo de presentación de ofertas el Gobierno regional publicó como corrección de errores un cambio sustancial en el importe de la garantía que deben presentar los adjudicatarios, que es del 5% del valor del contrato. Sanidad especificó que ese valor debía ser el "anual", lo que se tradujo en la práctica en una reducción del 90% del aval, al ser el contrato de concesión por 10 años. En lugar de aportar más de 200 millones de euros, las empresas solo tendrían que proveer 28.
El tribunal consideró que la modificación de los pliegos podría haber limitado la presentación de algunas empresas que no podían hacer frente al elevado aval, con la consiguiente discriminación para ellas que comportaría la rebaja posterior y decidió la suspensión cautelar ante la inminente adjudicación de los contratos que había anunciado la Consejería de Sanidad.
La Comunidad tenía un plazo de siete días para presentar alegaciones y en ellas hizo constar que los socialistas no tenían legitimidad para solicitar la impugnación del proceso al no ser parte afectada. En el auto dictado ayer, el TSJM entiende que "en efecto", los recurrentes "ni tienen la condición de licitadores que pudieran participar en la convocatoria, lo que sí les otorgaría la legitimación para impugnar la misma, ni pueden apelar a un interés abstracto como simples usuarios y en defensa de una legalidad que no les corresponde".
La decisión judicial zanja el recurso de modo definitivo, aunque al PSM aún le cabe la posibilidad de presentar un recurso de reposición ante el mismo tribunal. El consejero de Sanidad Javier Fernández-Lasquetty aprovechó para sacar pecho. "Ni las huelgas, ni las mentiras y las amenazas, ni el acoso procesal han impedido que el Gobierno regional cumpla con su responsabilidad de garantizar una sanidad universal", se vanaglorió.
Sobre la privatización de la sanidad madrileña, rechazada por el personal sanitario y los usuarios en innumerables protestas, aún pende, sin embargo, otro proceso judicial abierto a raíz de una querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (Afem), que ya ha sido admitida a trámite.
