EL VIOLADOR pasó tres meses y medio en libertad mientras la víctima vivía bajo protección constante. Todo se debió a un error en la petición de prórroga de la preventiva cometido por la fiscalía o por la secretaría de la Sección Segunda de la Audiencia de Barcelona. Lucía Murillo presentará hoy la demanda contra el Estado y solicita una indemnización de 80.000 euros.