La aplicación de la ley orgánica de mejora de la calidad educativa (LOMCE), que tal y como está redactada ahora se desarrollará durante dos años a partir de septiembre del 2014, se demorará. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dio a torcer ayer mínimamente su brazo durante su intervención en la Comisión General de Autonomías, en el Senado, y trató de responder así a las quejas de la mayoría de las comunidades, incluidas las del PP, sobre la dificultad para aplicar a tiempo su polémica ley y los problemas de financiación que conlleva. "Estamos dispuestos a entablar un planteamiento que podría incluir una revisión del calendario de aplicación que no afectaría a su entrada en vigor, pero que implicaría un escalonamiento algo distinto", dijo.

Un encuentro fortuito con la consejera catalana Irene Rigau, en los pasillos sirvió luego para que Wert echara algo más de luz sobre su anuncio. Al cruzarse en la zona de los Pasos Perdidos, el ministro aprovechó para saludar y apuntar que el nuevo calendario de la LOMCE será introducido en forma de enmienda por el grupo del PP en el Senado. "Pero lo que interesa es saber si el curso 2014-2015 será solo normativo o si será ya de aplicación", objetó Rigau. "Podría ser la primera opción", apuntó el ministro.

Eso significaría, aclaró luego Rigau, que no llegaría a las aulas el próximo septiembre, como se decidió en el Congreso, sino que el curso que viene se dedicaría a la redacción de los reglamentos y decretos que son necesarios para desplegar la ley. "Una vez el Gobierno haya publicado los correspondientes reales decretos, las autonomías han de redactar, a su vez, sus propias resoluciones y eso lleva un tiempo mínimo de nueve meses", explicó.

"Si en abril hemos de abrir el periodo de preinscripción, no hay tiempo material para tenerlo todo listo. De lo contrario, se sometería al sistema a un gran estrés", agregó.

De cumplirse el compromiso de Wert en estos términos, la implantación efectiva no llegaría a las aulas hasta septiembre del 2015, un año después de lo que prevé el texto en su redacción actual y pocos meses antes del fin previsto de la actual legislatura.

El ministro se comprometió, además, a revisar el modelo de financiación de su reforma, criticado incluso por las comunidades gobernadas por el PP desde que anunció que las autonomías tendrán que aportar 928 millones de euros y el Ministerio de Educación solo 408 millones en un plazo de tres años. "La financiación ha de ser suficiente, realista y ajustada a su coste real", le reclamó el castellanoleonés de Educación, Juan José Mateos. También los de Galicia y Aragón lamentaron la escasa dotación con que nace la reforma en tiempos de crisis y recortes.

Rigau y los consejeros del País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias, las cinco regiones contrarias a la ley Wert, escenificaron antes de la sesión de más de seis horas su frente común y anunciaron que acudirán al Tribunal Constitucional por la invasión de competencias que supone.