Dieron de alta una empresa para gestionar la contratación de empleados con el objetivo de que pudieran cobrar la prestación por desempleo, y todo ello sin haber trabajado. El caso, donde hay doce imputados (el administrador de la sociedad y once personas que cobraron el paro sin corresponderles), debía haber sido juzgado ayer en la Audiencia Provincial de Cáceres pero la vista tuvo que ser suspendida porque solo se presentaron seis de los doce acusados; el resto, según las informaciones ofrecidas, no habría recibido la citación por error. La sala decidió su aplazamiento hasta el 22 de abril, siempre que en esa fecha ya puedan celebrarse juicios, ya que el Ministerio de Justicia dio ayer la orden de la suspensión de los mismos en todo el país por la alerta del coronavirus.
Tal y como recoge el escrito de acusación uno de los acusados creó una sociedad dedicada al transporte de mercancías por carretera y al alquiler de maquinaria y de equipos de uso agrícola (en realidad la creó otro pero a instancias del investigado, por lo que este segundo no está imputado en la causa) de la que se valió para dar de alta y de baja en la Seguridad Social de más de 20 personas, a pesar de que ninguno de ellos llegó a realizar ninguna actividad laboral con dicha empresa. Estos últimos también figuran como investigados en la causa. El administrador de la empresa recibía por este servicio una contraprestación económica por parte de las personas a las que daba de alta que no ha conseguido ser determinada.
En concreto, recoge el Ministerio Público, la sociedad facilitó datos a la Seguridad Social que no se correspondían con la verdadera relación laboral de los mismos ya que no obedecían al propósito serio de contratar a estas personas, lo que inducía a los organismos públicos a reconocer y a abonar unos subsidios por desempleo que no tenían base real. En concreto, entre las once personas a las que facilitaron el cobro del paro, habrían defraudado 103.631 euros. Uno llegó a cobrar casi 19.000 euros cuando solo le hubieran correspondido 600. La mayoría cobraron altas cantidades, que en muchos casos superan los 10.000 euros.
Por otro lado, la empresa tampoco ingresaba las cuotas de la Seguridad Social correspondiente a las personas que dio de alta. Así, a fecha de abril del 2019 mantenía una deuda con este organismo que ascendía a 177.217 euros. A lo que habría que sumar 23.673 euros que debía al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, cuya cuota tampoco abonó.
LAS PENAS SOLICITADAS / El Ministerio Público solicita cinco años y medio de prisión para el acusado de crear la sociedad por un delito continuado de falsedad de documento público oficial en concurso con otro continuado de fraude de prestaciones agravado. Además del pago de una multa de 310.894 euros y la prohibición de obtener subvenciones o beneficios de la Seguridad Social durante ocho años. Para el resto de los once imputados solicita una pena de 21 meses de prisión y el pago de una multa de 2.700 euros. Entre todos deberán pagar en concepto de responsabilidad civil 103.631 euros. En caso de no poder abonar este dinero deberá responder el creador de la empresa. La defensa solicita la absolución. «Entendemos que el fraude no ha ocurrido», afirma el abogado de gran parte de los acusados, Iván Serda.
