Más de 1.300 trabajadores de pequeñas empresas extremeñas se han visto afectados por un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) en lo que va de año. Así lo revelan los datos que la Dirección General de Trabajo de la Junta de Extremadura facilitó ayer a este diario, en los que se recoge que hasta 125 empresas han presentado expediente a lo largo del 2011 ante la Administración regional. En total, son

121 los ERE resueltos y finalizados y "tres o cuatro", según el director general de Trabajo, Miguel Lozano, en tramitación. En estas cifras, aclara Lozano, no se incluyen los de las empresas más grandes como Carcesa o Siderúrgica Balboa, que son tramitados directamente por el Gobierno central.

Los ERE a los que la Administración regional ha dado su visto bueno afectan a un total de 1.349 trabajadores, que en su mayoría, se han acogido a una reducción de jornada. "Es el más común", apunta Lozano. Del total de expedientes tramitados, a esta modalidad se acogen 64, lo que supone el 52,8% del total. Le sigue el ERE de suspensión --el trabajador deja de acudir a la empresa durante un tiempo, hasta que se sanea la situación económica, y después vuelve--, al que se acogen el 26,4% de los expedientes y el de extinción --el empleado se queda sin trabajo de forma definitiva--, al que responde un 26,3% del total de expedientes tramitados, 18.

Fuera de estas cifras quedan los ERE "más famosos", según Lozano, los que están abiertos en compañías como Carcesa --que afecta a 94 trabajadores se ha hecho efectivo a finales del mes pasado--, Siderúrgica Balboa, al que atañen 237 empleados o el que afecta a los 111 trabajadores de la mina de níquel de Monesterio.

PROCESO Según explica Lozano, antes de intervenir la Administración --que es siempre la que autoriza y da el visto bueno final al proceso--, "el intento de acuerdo entre las partes es obligatorio siempre". Si se alcanza, la Dirección General de Trabajo comprobará que "no hay dolo, engaño o coacciones" y dará su aprobación. Si no ocurre así, como en el caso de la empresa Tragsatec, cada una de las partes emitirá un informe con las causas, consecuencias y alegaciones que estime oportuno para ser estudiado por la autoridad competente. Esta emitirá un segundo informe de resolución ante la Dirección General de Trabajo autonómica o central, dependiendo del caso, que en última instancia, es la que decidirá.

Para poder acogerse a un ERE, una empresa tiene que alegar causas económicas, técnicas, organizativas y de producción, una causa de fuerza mayor que impida la buena marcha de la entidad o la extinción de su personalidad jurídica.