Más de 12.000 extremeños han solicitado este año ayuda para hacer frente al pago de los recibos de suministros en su vivienda. No es un dato definitivo porque hay ayudas aún sin contabilizar (no termina el plazo hasta marzo del 2020), por lo que lo previsible es que el dato final se incremente y esté más cerca de los 14.057 beneficiarios que hubo el año pasado. Tampoco varía la distribución de estas ayudas, según los datos recabados hasta el momento por la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Las personas que han solicitado la ayuda de ‘mínimos vitales’ lo han hecho en la mayoría de los casos (79,6%) para hacer frente al pago de distintos suminstros y principalmente para los recibos de luz y agua. El resto de solicitantes acudieron para pagar solo recibos de luz (16,7%), los de agua (2,82%) y en menor medida el suministro de gas (0,75%).
Las cifras dibujan un panorama de pobreza energética que se ha movido poco en los últimos años a pesar de la mejora que apuntan los indicadores económicos: mejora la situación, aunque en los estratos más vulnerables no llega o lo hace en menor medida, lastrada por la temporalidad laboral y la precariedad. Así, si el montante total concedido este año a los ayuntamientos para hacer frente al pago de suministros de personas en situación de vulnerabilidad (son los que gestionan esas ayudas a través de sus áreas de Servicios Sociales) es de 3,3 millones, en la anterior convocatoria se otorgaron ayudas por 3 millones. Los ayuntamientos emplearon después de ese montante 2,7 millones y asistieron a 14.057 personas en el pago de los recibos (por este orden) de luz, agua y gas en el 2018.
Desde 2015/ La ayuda de mínimos vitales se habilitó por decreto en el 2015 para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad que originaba el coste de la energía. Inicialmente la ayuda cubría únicamente el pago del suministro eléctrico y de agua, con un límite diario de consumo por persona.
En los años sucesivos el decreto se ha ampliado a otros suministros como gas natural y butano, y se ha modificado el criterio para otorgar la ayuda. Ahora es una cuantía fija por unidad familiar en función del número de personas que lo integran, que se asigna por anualidad y de la que se va detrayendo las cantidades que se justifican a través de los recibos de suministros. Antes de que termine el año pasará por Consejo de Gobierno el nuevo decreto de mínimos vitales que regirá la ayuda en 2020, según confirma la administración regional.
Vulnerabilidad/ Pero al margen de esto, organizaciones como Cruz Roja y Cáritas desarrollan desde hace años otros programas propios con los que también se hacen cargo del pago de suministros en situaciones de vulnerabilidad a la que no llegan a tiempo los servicios sociales. En lo que va de año, Cáritas Coria-Cáceres ha ofrecido 315 respuestas por unos 8.000 euros, según los datos de la organización. Es principalmente para el pago de facturas de luz y agua, aunque en casos excepcionales también se hicieron cargo de alguna mensualidad del alquiler. Y siempre se hace un seguimiento global a la familia, con formación y apoyo.
Según los datos del informe Foessa, las situaciones de pobreza energética han mejorado en el último año entre las personas que presentaban un riesgo moderado de exclusión, pero se han incrementado en los casos de exclusión severa. La brecha se sigue abriendo tras al crisis. Según este informe, de hecho, en Extremadura hay 80.000 personas en riesgo de exclusión severa y unas 200.000 en riesgo de exclusión moderada. «La crisis agudizó estas situaciones de vulnerabilidad, a pesar de tener empleo», recuerda Damián Jesús Niso Chaves, presidente de Cáritas Coria-Cáceres. Y esto no se ha normalizado aún y repunta en los meses de invierno por el frío. «Tendremos más solicitudes, pero pobreza energética hay todo el año», dice Niso.
Familias/ El 60% de las peticiones en Cáritas son de ciudadanos españoles y en más de la mitad de los casos acuden mujeres. Un 11% de demandantes, además, son familias que tienen empleo, aunque precario y en ocasiones en la economía sumergida. «Un niño que crece en un situación de precariedad está abocado a que esa situación se perpetúe», advierte Niso.
Los datos de la esta organización en la archidiócesis Mérida-Badajoz, por ejemplo, cifran en 3.201 las intervenciones en 2018 (los datos más actualizados que tienen disponibles) y en 67.200 los fondos que destinaron al pago de suministros (principalmente de luz y agua y en menor medida de gas) de personas en situación vulnerable. «El pago de suministros supone ya el 15% del gasto total de Cáritas en ayudas», sostiene José Luis Hinchado, técnico del área de Animación Comunitaria. La oenegé actúa en función de la situación de la familia y del apoyo que reciben por parte de los servicios sociales. «Los que tienen un trabajo es difícil que pidan ayuda, porque no estaban acostumbrados a hacerlo», apunta Hinchado.
