Entre 2009 y 2016 se han adoptado o asignado 123 menores españoles en la región. 65 de ellos eran niñas y los 58 restantes niños. Más de un 40% no llegaban al año de edad. En el caso de las adopciones nacionales, el descenso ha sido también muy acusado, pasándose de 26 adoptados o asignados en el 2009 a solo 8 tanto en el 2014 como en el 2015, lo que supone una caída de cerca del 70%. En la misma línea, se han desplomado las solicitudes formalizadas, que llegaron a ser 104 en el 2010, hasta situarse únicamente en 8 en el 2015. En lo que va del 2016 (hasta septiembre) ha habido 10 adopciones o asignaciones y 14 solicitudes

Como se trata de competencias que están transferidas, lo normal es que los procedimientos de adopción sean intracomunitarios.

475 SOLICITUDES / En total, de 2009 a 2016 las solicitudes de adopción nacional han sido 475, de las que 422 correspondían a familias heteroparentales, 45 familias monoparentales (40 mujeres y cinco hombres) y 8 a familias homoparentales.

En el caso de la adopción nacional, Juan Antonio Pavón, presidente de Afadex (Asociación de Familias Adoptantes de Extremadura) resalta que no ayudan a fomentarlas ni los largos plazos de espera —que pueden llegar a ser de unos siete años, indica— ni «la burocracia y todos los trámites que implican». En este sentido, apunta que a la hora de conceder los certificados de idoneidad, requisito previo que establece la Administración para poder realizar un acogimiento o una adopción nacional o internacional, Extremadura es bastante rigurosa y, «estadísticamente hablando, está a la cabeza en cuanto al grado de exigencia respecto a aquellos que quieren ser padres». De la misma forma, Pavón lamenta también la diferencia que existe entre cómo discurre el proceso en función de cada comunidad autónoma. «No puede ser que si vas a adoptar no debas seguir un mismo camino ni tengas los mismos derechos si estás en una comunidad o en otra», lamenta.

Igualmente, sostiene que es fundamental que «se despeje también el horizonte normativo», tanto a nivel autonómico como Estatal. En relación a este último, incide en la necesidad de que el Estado «dicte los desarrollos reglamentarios de la ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, promulgada en el 2015. Hasta entonces, apostilla, «tenemos un camino difícil. La gente se echa mucho para atrás cuando ve casos como el del niño de Sueca». H