La Asamblea aprobó ayer, con los votos del PSOE y el rechazo de PP e IU, la Ley de Tiempos de Respuesta en la Atención Sanitaria Especializada, que fija en 180 días la demora máxima para una operación, en 60 la espera para consultas y en 30 el retraso límite para las pruebas diagnósticas. Esta norma, sin embargo, no tendrá aplicación efectiva hasta marzo del 2006, ya que se fijan tres meses para la entrada en vigor de la ley y otros seis para su desarrollo reglamentario. El Grupo Socialista no aceptó ninguna de las 49 enmiendas planteadas por la oposición.

En el debate, la diputada del PP Leonor Nogales recordó que el presidente del Gobierno habló de tiempos de 45 días para intervenciones, diez para consultas y siete para pruebas, y afirmó que las demoras recogidas en la ley extremeña "son humana y socialmente inaceptables". Por ello defendió que los plazos se reduzcan a la mitad, y que, de no cumplirse, el paciente pueda ir a cualquier centro de España.

Por su parte, el portavoz parlamentario popular, Javier Casado, reclamó que el consejero de Sanidad, Guillermo Fernández Vara, se comprometiese a dimitir si se incumplen los plazos marcados, y recordó que ahora hay 2.730 extremeños con demoras de más de seis meses para una operación.

TIEMPOS IMPOSIBLES En réplica, el diputado socialista Juan Manuel Rodríguez Tabares indicó que ninguna Comunidad gobernada por el PP fija plazos como los que pretenden los populares extremeños, y que la intención del PP es derivar pacientes a las clínicas privadas, ya que los tiempos que proponen "son de imposible cumplimiento".

Mientras, desde IU Cristóbal Guerrero, tras un enfrentamiento con Fernández Vara cuando el diputado aseguró que el SES sacó a pacientes de la lista y los volvió a meter después, a lo que el consejero replicó que si eso era cierto, él dimitía, pero si no, que dimitiese Guerrero, exigió más recursos para la sanidad pública y que no se diese intervención a las clínicas privadas.

Además, el parlamentario de IU aseguró que "las listas de espera en sanidad no hay que regularlas, sino eliminarlas".

En réplica, el diputado socialista Juan Manuel Hernández acusó a Guerrero de estar "fuera de la realidad", y apuntó: "la sanidad privada existe, y debe ser complementaria a la pública, como cooperador necesario para resolver situaciones injustas, porque las listas de espera son consustanciales al sistema".