El real decreto 937/2003, de 18 de julio, de modernización de los archivos judiciales, se aprobaba hace ahora dos años al amparo del Pacto de Estado para la reforma de la Justicia que alcanzaron entonces Partido Popular y PSOE.
Su objetivo era "la implantación de un sistema de gestión de los archivos judiciales que permita la realización de los fines de la Justicia, así como garantizar el acceso a la documentación por quien tenga interés en ello, con las garantías y limitaciones legalmente exigibles".
La norma preveía su entrada en vigor a los seis meses --en enero del 2004--, periodo que se daba a los secretarios judiciales para que elaboraran los listados de la documentación que ya no era necesario conservar.
Un año y medio después muchos de los juzgados reclaman que esta norma se aplique de forma efectiva.
