La brutal tortura y muerte de una burra que tuvo lugar el pasado viernes en Torreorgaz podría suponerles a los autores de estos hechos hasta un año de internamiento en un centro de menores, además de una multa y el pago de la oportuna indemnización. Y junto al castigo penal, la correspondiente sanción administrativa, que en este caso podría alcanzar hasta los 15.000 euros.

El delito de maltrato animal, del que según fuentes de la Fiscalía Superior de Extremadura serán acusados los implicados en estos hechos, está castigado por el Código Penal con penas de entre tres meses y un año de prisión, lo que en el caso de menores sería de internamiento en un centro.

En los graves hechos de maltrato animal acontecidos en Torreorgaz es de aplicación el artículo 337 del Código Penal, que establece que se castigará con penas de prisión de tres meses a un año a "los que maltrataren con ensañamiento e injustificadamente a animales domésticos causándoles la muerte o provocándoles lesiones que produzcan un grave menoscabo físico".

Son estos hechos los que se habrían cometido con la burra de Torreorgaz, pero por un grupo de chicos todos menores de 17 años, por lo que en su caso habrá de aplicarse la Ley reguladora de la responsabilidad penal de los menores. Teniendo esto en cuenta, el castigo para los autores de estos hechos sería de entre tres meses y un año de privación de libertad pero en un centro de menores, medida de internamiento en régimen cerrado que sería de aplicación en este caso.

Y es que según recoge la citada ley del menor, dicha medida de internamiento es aplicable cuando "los hechos estén tipificados como delito grave por el Código Penal...", cuando "tratándose de hechos tipificados como delito menos grave, en su ejecución se haya empleado violencia..." o cuando "los hechos tipificados como delito se cometan en grupo...", supuestos todos ellos que serían de aplicación en los hechos cometidos en Torreorgaz.

No obstante, fuentes jurídicas consultadas por este diario señalaron que suele ser habitual que en ciertos casos de menores las penas de internamiento sean conmutadas por penas de servicios en beneficio de la comunidad o por otras medidas reeducativas, como trabajos socioeducativos. Suele ser así para ciertos delitos, algo que es difícil de determinar en este caso, teniendo en cuenta que según reconocieron ayer a EL PERIODICO fuentes de la Fiscalía Superior de Extremadura este es el primer caso que se produce en la comunidad de maltrato animal cometido por menores.

Además del delito de maltrato animal, a los implicados en la agresión y muerte de este animal propiedad de una vecina de Torreorgaz, se les imputará también un delito de daños, que el Código Penal castiga con pena de multa de seis a 24 meses.

ABIERTAS DILIGENCIAS Los autores de la agresión y muerte del asno serán acusados por el Ministerio Fiscal de, al menos, los dos delitos antes citados, "además lógicamente de pedir el resarcimiento de los daños". Así lo confirmaron ayer fuentes de la Fiscalía a este diario, que también pudo saber que la Fiscalía de Menores ha abierto ya diligencias de investigación sobre este grave caso de maltrato animal.

Los presuntos autores, doce chicos menores de 17 años, ya han prestado declaración ante la Guardia Civil, pero su declaración en la Fiscalía aún no se ha fijado. Según la información facilitada por la Fiscalía Superior, para su toma de declaración por la fiscal de menores "habrá de esperarse a que el Seprona dé por concluido su atestado y lo remita".

Fue ayer mismo cuando por la fiscal-jefa provincial se dio orden a la fiscal responsable de la jurisdicción del menor en Cáceres para que iniciará la oportuna investigación de estos hechos. Tras la apertura de las diligencias, y una vez que se reciba el atestado de la Guardia Civil, la fiscal llamará a declarar a los implicados, "que pueden acudir a declarar como detenidos o no". En cualquier caso, aclararon las fuentes consultadas, "en su declaración estarán presentes sus padres".

Tras la toma de declaraciones, la fiscal podría solicitar del Juzgado de Menores la adopción de medidas cautelares para los implicados en los hechos, tales como libertad vigilada, tratamiento psicopedagógicos..., "medidas que habrían de ser acordadas en todo caso por el Juzgado".

Seguiría, concluidas las declaraciones, la formulación de acusaciones, tanto por la fiscal como por la acusación particular, de personarse esta en la causa; y, finalmente, el juicio y la sentencia.