Los ayuntamientos tienen que acelerar el paso para cumplir con algunos de los requerimientos de la Ley de Espectáculos Públicos, en vigor desde el pasado 5 de abril. El texto destinado a regular todo los relacionado con las actividades de ocio en la región, imponía a los ayuntamientos una serie de tareas y les daba un plazo de un año para cumplirlos. Ese plazo expira en menos de tres meses y desde los gobiernos de las principales ciudades de la región aseguran que están haciendo los ‘deberes’ para llegar a tiempo, aunque piden también que se agilice el desarrollo del reglamento que debe clarificar cómo se debe aplicar la ley y, por tanto, cómo deben actuar ellos ante algunos de los cambios que ha introducido la nueva normativa autonómica.

Entre las tareas asignadas, por ejemplo, un registro con todos los titulares de los establecimientos públicos de ocio esa localidad y transferir esos datos a la Junta de Extremadura para crear un registro autonómico que sea público; la obligación de los establecimientos de suscribir un seguro de responsabilidad social o de los consistorios de registrar las modificaciones que la ley pide a los establecimientos...

«Estamos trabajando en ello para poder pasarle cuanto antes todos los datos a la Junta», afirma el concejal de Interior del Ayuntamiento de Plasencia, David Dóniga. Este es uno de los consistorios a los que la Asociación Extremeña Contra el Ruido dirigió hace diez días un escrito en el que reclamaba, precisamente, que se haga cumplir la ley en sus ciudades. El escrito fue registrado también en los ayuntamientos de Badajoz, Cáceres, Mérida, Don Benito y Almendralejo.

«No pedimos nada extraordinario, solo que se cumpla con una ley autonómica promulgada en 2019», defiende el presidente de la Asociación Extremeña Contra el Ruido, José María Iglesias. El escrito que han remitido a los ayuntamientos pretende ser «una llamada de atención» a los dirigentes locales para que lleven a cabo las tareas que se les encomendaban. Por eso citan en ese escrito, de tres páginas, una relación de artículos sobre los registros de los titulares de establecimientos, las condiciones técnicas de los locales, las nuevas licencias, los seguros... Pero también otras cuestiones como las limitaciones de horarios y de ruidos, en el caso de los veladores, y la ubicación de estos.

dudas/ «Ellos (la asociación contra el ruido) interpretan la ley de una forma con la que no estamos de acuerdo», explica Carlos Urueña, concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Badajoz. Allí tampoco se ha iniciado la aplicación del articulado: «estamos estudiando la ley en su conjunto, tanto el tema de las licencias como de los horarios», explica. Pero los servicios municipales tienen dudas sobre algunos puntos y han solicitado una reunión con la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural (de la que depende esta normativa) para aclarar cuestiones y poder avanzar mientras se desarrolla el reglamento autonómico de la ley. Ese encuentro será provisiblemente la próxima semana. «Necesitamos definir cuestiones como qué departamento debe ocuparse de controlar el nuevo seguro que impone la ley a los locales. Entendemos que eso lo desarrollará el reglamento, pero mientras se tramita, queremos ir avanzando», sostiene Urueña. Sí que tienen más o menos definido, que no se sumarán «por el momento» al modelo de sanciones ‘en tiempo’ para los establecimientos que rebasen su horario de cierre .

Entre las novedades del texto autonómico está la posibilidad de sustituir las sanciones económicas por rebasar el horario de cierre por otras. Desde mediados del 2019, el Ayuntamiento de Cáceres comenzó a aplicar sanciones en tiempo: los locales que no cierran a su hora tienen una multa que les obliga a adelantar el horario de cierre tantos minutos como se hubieran excedido (primero se les apercibe; la segunda vez, la sanción es de un mes; la tercera, de seis meses y se hay una cuarta, se clausura el local).

La Junta quiere (así se recoge en la ley) que los ayuntamientos de más de 10.000 habitantes «se ocupen de instruir sus propias sanciones en relación al ruido», por lo que los ayuntamientos tienen que decidir, en principio en este año, si habrá cambio de modelo.

«Nosotros lo vamos a mantener como está, no nos vamos a adherir a planteamientos como el de Cáceres», dice el concejal de Interior de Plasencia, David Dóniga.

Las sanciones que se aplicarán a los establecimientos que rebasen sus horarios de cierre es una de las cuestiones que están estudiando también en el Ayuntamiento de Mérida. Allí se ha iniciado una revisión de sus ordenanzas para adaptar la normativa local al nuevo texto autonómico. «Estamos haciendo los deberes», asegura el concejal de Policía Local, Marco Guijarro.

En Cáceres, donde un proceso judicial por los ruidos en la zona de ocio de la Madrila terminó con 11 empresarios encarcelados, están siendo la avanzadilla en la aplicación de la nueva norma autonómica: «vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para recuperar la convivencia entre vecinos y hosteleros», defiende el concejal de Urbanismo y Patrimonio, José Ramón Bello. Y para ello sostiene que «hay que ser creativos; exigentes con los empresarios, y estrictos en la aplicación de la ley, pero sin olvidar que el empresario tiene sus derechos».

De momento ha sido el único ayuntamiento que ha puesto el modelo de sanciones con tiempo y el balance que hacen es «positivo», asegura. Pero ya están buscando la fórmula de ir más allá con otras medidas: «estamos planteando la posibilidad de vincular a la licencia un carnet por puntos». Mientras tanto, trabajan también en otros requerimientos «a la espera de que el reglamento clarifique cuestiones como horarios o las terrazas», dice Bello.

La Junta

Y mientras los ayuntamientos se adaptan, a distinto ritmo, la nueva normativa, en la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio también hacen sus deberes. «Actualmente se está redactando gran parte del desarrollo reglamentario de la ley», confirman desde este departamento. Y las líneas prioritarias en este sentido son el decreto del consejo asesor, el catálogo de establecimientos y las órdenes que regula las autorizaciones extraordinarias y los horarios de apertura y cierre.