Los niños que están en edad escolar en Santa Marta de Magasca caben en un coche. Por eso, cada mañana se trasladan en un taxi hasta el colegio que tienen más cerca, en La Cumbre, a unos 18 kilómetros de distancia. Este municipio de la provincia de Cáceres tiene cerca de 300 habitantes pero «hace dos o tres años nos quedamos sin escuela, solo había dos niños y decidieron cerrarlo», cuenta su alcalde, Raúl Gutiérrez. La progresión demográfica de esta zona rural es «mala», valora, pero el pueblo tiene una muleta que está al menos está sosteniendo a una parte de la población: la residencia de mayores que gestiona el propio ayuntamiento. «Tiene plazas para cerca de 40 residentes y genera unos 15 puestos de trabajo, la mayoría son mujeres, así que al menos mantenemos algo la esperanza», cuenta el alcalde. Según el padrón del 2017, Santa Marta tiene 282 vecinos y solo tres de ellos están por debajo de los diez años. «Bueno, en realidad hay alguno más, serán 4 o 5 niños, lo que pasa es que no hemos mandado los últimos datos al Instituto Nacional de Estadística», apunta. Pero eso no parece el problema, porque aún así la situación no es muy distinta. «Si no tuviéramos la residencia esto sería un auténtico caos». Por eso, Gutiérrez urge «tomar cartas en el asunto» demográfico. No pide ayudas a la natalidad ni nada de eso, «porque darle 1.000 o 2.000 euros a una familia no sirve al final para nada, nadie se va a quedar a vivir en un sitio por ese dinero». Lo que reclama este alcalde son medidas fiscales y viviendas más baratas. «Se necesitan incentivos fiscales para los autónomos, no puede ser que tengan que pagar lo mismo en una ciudad como Cáceres que en un pueblo como Santa Marta de Magasca, no tiene sentido, y tampoco se puede pagar una burrada por una vivienda de protección oficial... mientras esas cosas no cambien, el futuro seguirá siendo preocupante», lamenta Gutiérrez.
