La eliminación en apenas una semana de las tarifas especiales para riegos agrícolas, y el consiguiente aumento de la factura eléctrica para los agricultores que las trabajan, afectará a casi la mitad de las 226.971 hectáreas de superficie de regadío con las que cuenta la región, según cálculos de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore). El cambio tarifario puede suponer para estos profesionales del campo --que producen tomate, frutas o maíz, entre otros cultivos-- un encarecimiento de los costes energéticos "de entre el 20% y el 40% en la próxima campaña de riego, pudiendo superar en algunos casos el 80%", se apunta desde Fenacore.

La desaparición de las tarifas específicas de riegos de alta y baja tensión estaba ya contemplada en el Real Decreto 809/2006, que establecía como fecha límite para ello el 1 de julio del 2007 aunque sucesivos textos legislativos han ido prorrogando su vigencia. El consumo de electricidad en el sector agrario representa el 1,2% del gasto total de energía eléctrica del país.

La federación de regantes estima que la entrada en vigor de las nuevas tarifas perjudicará especialmente a aquellas zonas en las que está más implantado el riego por aspersión y el automotriz (aspersión móvil o motorizada), que en Extremadura suponen 45.696 hectáreas (un 20% del total), ya que estos sistemas "exigen el doble de presión y cerca del doble de energía", se explica. En cualquier caso, también se verá afectado el bolsillo de quienes gestionen explotaciones con riego localizado (por goteo), que suman otras 61.514 hectáreas. El resto de terrenos, 119.761 hectáreas, es riego de superficie, es decir, el tradicional, que no ha sufrido ningún tipo de modernización.

Ignacio Huertas, secretario general de UPA-UCE, considera que si no se toma ninguna medida para compensar la subida de costes "habrá agricultores que dejarán los cultivos de regadío porque ya no serán rentables y se pasarán a los de secano". Esta organización agraria calcula que la eliminación de la tarifa específica para riegos agrícolas, junto al encarecimiento general de la electricidad, puede suponer un aumento de entre un 35% y un 40% en la factura eléctrica que pagan los regantes, un auge nada desdeñable teniendo en cuenta que solo en tarifa eléctrica --sin incluir gastos de gestión del agua o amortización de obras-- un regante "puede llegar a pagar 120 euros por hectárea y año", dice Huertas.

Fuentes de Fenacore ven paradójico que el nuevo régimen de tarifas castigue precisamente a quienes más esfuerzo han hecho por modernizar sus instalaciones y por optimizar el consumo de agua. Igualmente, hacen hincapié en que se "pueden paralizar las modernizaciones ya realizadas en algunas comunidades de regantes, debido al incremento desorbitado de los costes energéticos no valorados previamente en los proyectos". En esta misma línea, Ignacio Huertas cree que "es una pena que te penalicen por ahorrar agua".

Tanto desde UPA-UCE como desde Fenacore se proponen varias medidas que palien los efectos del encarecimiento de la luz. En primer lugar, solicitan una nueva prórroga de la tarifa especial de riegos durante otros seis meses, lo que permitiría una adaptación gradual de las explotaciones agrarias al mercado liberalizado. De la misma manera, piden la aplicación de un IVA superreducido (del 4%) o reducido (7%) en lugar del 16% actual.

Fenacore también "sugiere" la posibilidad de crear "una especie de central de compras" que permita hacer ofertas conjuntas de suministro eléctrico para todas las comunidades de regantes, de manera que puedan conseguir precios más competitivos.