Con los dos argumentos anteriores en la mano, el sector defiende que el tabaco es una actividad que contribuye a fijar la población en el medio rural, uno de los objetivos perseguidos por la UE y, en especial, por el Gobierno español y la Junta de Extremadura. Según su razonamiento, si desaparecen las ayudas ligadas a la producción y se desvía parte de los fondos para dedicarlos a desarrollo rural, producir tabaco dejará de ser rentable, se abandonarán explotaciones y, ante la falta de alternativas y la destrucción de sus empleos, esos trabajadores y sus familias tendrán que salir de sus pueblos para buscar trabajo en otros ámbitos y zonas. Es decir, generará emigración dentro de comarcas rurales donde la despoblación ya es un problema.
