La reforma de la negociación colectiva que aprobará mañana el Gobierno tiene pocos partidarios. Ha levantado críticas tanto en la patronal como en los sindicatos y en los expertos. Aunque el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aseguró que se ceñiría a los avances conseguidos por los líderes empresariales y sindicales, el anteproyecto de ley incluye algunos aspectos de la cosecha propia del Ejecutivo que tendrán una importancia capital en la negociación de los próximos convenios colectivos.

El guiño para la CEOE consiste en decantar el poder hacia los convenios de empresa en las materias decisivas, lo que supone un vuelco en la situación actual, en la que los acuerdos sectoriales o territoriales marcan la pauta. Además, el Gobierno decretará una flexibilidad mínima en las compañías del 5% del tiempo de trabajo anual.

La principal concesión del Ejecutivo a CCOO y UGT radica en evitar la muerte de los convenios caducados que pretendía la patronal. El anteproyecto recoge la tesis sindical de fomentar los arbitrajes para renovar los acuerdos bloqueados, aunque no llega a convertirlos en obligatorios. NUEVA JERARQUÍA

La reforma diseñada por el Ministerio de Trabajo supone de facto una descentralización de la negociación colectiva, que era una de las recomendaciones más recurrentes de los organismos internacionales. "La regulación de las condiciones establecidas en un convenio de empresa tendrá prioridad aplicativa respecto del convenio sectorial de cualquier ámbito" en las materias capitales de cualquier acuerdo: salario, jornada, categorías laborales y modalidades de contratos.FLEXIBILIDAD MÍNIMA

Otro de los temas introducidos por el Gobierno para calmar las críticas empresariales es la de obligar a los nuevos convenios a recoger una flexibilidad mínima del 5% del tiempo de trabajo anual. Hasta ahora, las empresas tenían que negociar la flexibilidad de jornada o arriesgarse a que generase un conflicto que acabara en los tribunales.

Con la reforma, las compañías dispondrán de un promedio de 88 horas, equivalentes a 11 días, para la media de 1.757 horas anuales pactadas en los convenios. Las empresas podrán distribuir ese 5% en función de sus necesidades de actividad, con la posibilidad de alargar jornadas que luego se compensan para que el tiempo anual no aumente.

Para Matías Carnero, presidente del comité de empresa de Seat y dirigente de UGT, habrá que "clarificar cómo se aplica esa flexibilidad", que recuerda que ya se aplica incluso con un volumen superior en compañías industriales. En cambio, los empresarios ven del todo insuficiente ese 5% de flexibilidad, que representa una cuarta parte del 20% que pidió la CEOE.ULTRACTIVIDAD

El Gobierno cambia las normas de juego en uno de los principales aspectos de la negociación colectiva. Con la reforma, se pretende acabar con la prórroga indefinida de los convenios, que quedará limitada a 20 meses para negociar un nuevo convenio o bien desbloquearlo con un arbitraje. La reforma conmina a los sindicatos y las patronales a solucionar un tema que está del todo en sus manos, que es la extensión de los arbitrajes. Ante la imposibilidad de convertirlos en obligatorios, deja la puerta abierta a acuerdos interconfederales. Mientras tanto, el ministro de Trabajo ha cumplido su palabra de que los convenios caducados no mueran al final de la prórroga, como pretendía la CEOE.COMISIÓN PARITARIA

Las relaciones laborales son un foco de conflictos que, a menudo, acaban en las salas de los juzgados de lo social. Para evitarlo, la reforma potencia un sistema de solución extrajudicial de conflictos basado en varios escalones. El primero será la comisión paritaria, a la que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aumenta el rango legal al equiparar sus resoluciones con las de los propios convenios. Otro escalón es el de la mediación y el arbitraje a través de organismos como los tribunales laborales de las comunidades autónomas, a los que se les ha dotado de más competencias y cuya labor se impulsa con su inclusión en los convenios y con acuerdos marco. Este es uno de los puntos en los que había más aproximación entre patronal y sindicatos durante la negociación de la reforma laboral, que finalmente fracasó y ha tenido que ser formulada por decreto ley.