La historia se repite. Ayer se escribió un nuevo capítulo en la eliminación de los asentamientos ilegales de temporeros en Extremadura con el desalojo de un campamento de chabolas y tiendas de campaña levantado en el término municipal de Mérida, en el que se calcula que residían, muchos de ellos desde hace varios meses, unas 400 personas. Situado en el entorno del badén que forma el río Guadiana en la carretera que une Torremayor y Arroyo de San Serván, en una zona fácilmente inundable en caso de crecida del río, se trata de la mayor concentración ilegal que se ha registrado en la presente campaña agrícola, aunque aún está lejos de las ocurridas hace dos años en Santa Marta de los Barros, en cuyos alrededores se agolpaban hasta 2.000 temporeros, una cifra que supone la mitad de su población habitual.

Finalizada la vendimia y en plena recogida de la aceituna, los inmigrantes rumanos --y de otros países del Este de Europa-- alargan su estancia en las zonas agrícolas a la espera de agotar sus posibilidades de ganar un dinero que después, a su regreso a Rumanía, les permite vivir... hasta la próxima campaña.

La localidad en cuyo término municipal se encontraba el asentamiento es Mérida, a pesar de que el lugar escogido por los temporeros dista de la capital extremeña unos 15 kilómetros. Fueron, en consecuencia, los miembros de su Policía Local los encargados de ejecutar la expulsión de los asentados. Para la mayoría de ellos no es la primera vez que ocurre. Muchos seguramente hayan pasado por este episodio en más de una ocasión este mismo año. Conocen a la perfección la normativa que les prohibe vivir en el campo.

Los ayuntamientos extremeños se dotaron el año pasado de la herramienta que les permite ejecutar, con la mayor rapidez posible, los desalojos. Se trata de una ordenanza municipal que da a los integrantes de las acampadas un plazo máximo de 72 horas para marcharse del lugar. En muchos casos no es necesario ni siquiera agotar este periodo y abandonan por su propio pie el lugar en el que han vivido en algunos casos familias enteras.

A primera hora de la mañana se presentaron en el lugar una veintena de agentes municipales. Al poco tiempo, y ya abandonada por completo sin resistencia alguna, comienza a desmantelarse la colonia, formada por chabolas improvisadas en las que cualquier objeto sirve como material de construcción. Cada vez más se utilizan tiendas de campaña, que son fáciles de montar y de desmontar, para cuando hay que hacer las maletas y dirigirse a otro lugar.

El concejal de Seguridad Ciudadana de Mérida, José Fernández, comentó en este sentido que su labor se limita a desalojar los campamentos ilegales, y en ningún caso vigilar hacia dónde se dirigen unos ciudadanos que tienen total libertad para circular por el territorio de la UE.

Fueron necesarios varios camiones, e incluso maquinaria pesada para que la zona ocupada quedara libre de los desperdicios que el campamento, una vez desmantelado, ha dejado atrás. Sobre las dos de la tarde todavía quedaban en la zona cuadrillas de la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Sus miembros cargan en la furgoneta las últimas 20 grandes bolsas de basura que han recogido en este punto. Poco después pone rumbo al siguiente foco, al otro lado del río.

Colchones, somieres, un televisor... son los objetos más grandes que pueden observarse en medio de la basura que genera una comunidad tan amplia y que no dispone de los más mínimos servicios de agua, electricidad o recogida de desperdicios. Los botes de comida, productos de limpieza y ropa vieja y sucia se extienden por la ribera.

En la zona aún son visibles los restos de las hogueras utilizadas para hacer la comida y para dar un calor que en las noches del mes de noviembre se hace más que necesario cuando no se duerme bajo un techo. Hacia dónde se dirige ahora el asentamiento, no se sabe, pero es probable que busquen nuevas posibilidades de trabajo en otros puntos, como en Córdoba, hacia donde se dirigían muchos de los temporeros que hace dos semanas fueron desalojados de las naves patera de Almendralejo.