Los malos agoreros habían anunciado el fin del cultivo del tabaco en Extremadura para este 2010. La desaparición del sistema de ayudas comunitarias que primaba la producción (el 60% de la subvención dependía de la cosecha y el resto era por cultivar en unos años de referencia) hacía --a sus ojos-- inviable seguir con esta actividad. Pero la cosecha ha comenzado y los indicios apuntan a todo lo contrario: la contratación ha aumentado, el número de agricultores es similar y el sector ha optado por adaptarse y tomarse éste como un año de transición para superar la meta del 2013.
Así, a principios de año, las organizaciones de productores y las transformadoras lograron alcanzar un acuerdo en la contratación para duplicar el precio abonado al agricultor por su tabaco. "Si antes el 80% de los ingresos dependían de la prima y el resto era precio comercial, ahora es al revés", explica José García de Paredes, subdirector de I+D de Cetarsa. Así, el tabaquero pasará de percibir una media de 1,36 euros por kilo de la variedad virginia --precio del 2009--, a 2,44 ese año. "Podemos subir tanto porque nuestros clientes también nos van a pagar más, y nos van a exigir más", explica el presidente de la compañía pública, Julio Viñuela. Cetarsa también ha cerrado la fábrica de Coria y ha aplicado un expediente de regulación de empleo que ha supuesto la salida de la empresa de un 20% de su plantilla (108 trabajadores). Con esta medida la empresa se ahorrará un tercio de los 12,5 millones que destina cada año a pagar a sus empleados.
A ese precio comercial el agricultor sumará otro medio euro procedente de las ayudas directas. En este sentido, el Gobierno y la Junta de Extremadura también lograron en enero que la UE aprobase el Plan de Desarrollo Rural de la región, en el que se incluyen distintas líneas de ayudas para revertir sobre el sector parte del dinero que Bruselas desvía a políticas de desarrollo rural desde los fondos del tabaco. La forma de hacerlo ha sido el impulso de líneas de financiación para mejorar la eficiencia ambiental de las explotaciones.
Prueba de ello es que este año los agricultores tienen aún más restringido el uso de pesticidas y plaguicidas: "si queremos recibir las ayuda medioambientales no podemos abusar de estos tratamientos y, por regla general, solo se pueden usar si hay indicios de plaga", explica Manuel Casado, agricultor de Aldeanueva.
