Los representantes sindicales del profesorado extremeño se plantaron ayer frente a la Consejería de Educación para gritarle bien alto a su titular que no están conformes con su forma "unilateral" de adoptar las decisiones. Las centrales CSI-F, PIDE, CCOO, ANPE, UGT y STE-Ex compartieron pancarta y cánticos contra la consejera Eva María Pérez, que no pudo leer ni escuchar, porque a esa misma hora se encontraba en un acto público en Trujillo.
La concentración en Mérida, en la que estuvieron presentes alrededor de un centenar de delegados sindicales, estuvo acompañada por la convocatoria de un paro de una hora en las aulas de todos los centros educativos no universitarios de la región. Las cifras del seguimiento son muy dispares. Según los convocantes lo cifraron en un 60% del profesorado, mientras la administración educativa lo redujo al 1,8%. Las centrales sindicales, no obstante, se quejaron de que la Consejería no estableció servicios mínimos, lo que impidió a muchos docentes seguir el paro.
El lema elegido hacía referencia a la destrucción de puestos de trabajo como consecuencia de la fusión de los institutos en Llerena y Castuera -que se calculan en 40 empleos-, y la constancia de que próximamente podría ocurrir lo mismo en Azuaga, en Cabeza del Buey o en Madroñera.
También por la defensa de la enseñanza pública, que consideran que va en retroceso con respecto a la concertada. Y por último para exigir el cumplimiento de los acuerdos suscritos con la propia consejera relativos a la mejora de las condiciones laborales del profesorado, algunos de ellos pendientes desde el 2006.
Según declararon ante los micrófonos de la prensa, la principal razón por la que han decidido salir a la calle se fundamenta en la adopción de forma unilateral de decisiones relativas al sistema educativo por parte de la Consejería de Educación. "El sentido del paro es que nos llame la consejera y que de una vez por todas se acaben las actuaciones unilaterales, la imposición", comentó Adrián Vivas, de CSI-F.
El año pasado fue la implantación de las clases de refuerzo, y este ha sido la decisión de fusionar centros aludiendo a la escasez de alumnos. "La fusión ha sido la gota que ha colmado el vaso", dijo Antonio Vera, presidente de ANPE. Los sindicatos no se niegan a esta fusión, pero piden que antes de adoptar una decisión que afecta a las condiciones de trabajo del profesorado se cuente con ellos para abordar de una forma conjunta la mejor solución posible.
Por ello, una de sus reivindicaciones más importantes era la creación de una comisión en la que puedan participar en el estudio y en la toma de decisiones sobre unificaciones futuras. La consejera subrayó ayer tener la "firme disposición" de constituir dicha mesa de diálogo. Sin embargo, el resto de las demandas de los sindicatos de profesores no parecen tener tan fácil un final que evite que los docentes cumplan su amenaza de mantener las movilizaciones en caso de que la consejera no se ponga en contacto con ellos con el ánimo de negociar en un plazo de 48 horas.
"Si esto no se arregla... guerra, guerra, guerra", sonaban ayer algunas de las proclamas. Sin embargo, Vivas espera no llegar hasta este extremo figurado aunque comentó que su intención no es en ningún caso entorpecer el normal desarrollo del curso escolar, dado que la próxima semana comienza el mes de junio y con él los exámenes finales y las evaluaciones. "Nadie ha hablado de huelga en junio, sino que se ha dicho que si no prospera tendríamos alguna movilización o jornada de huelga, pero en absoluto entorpeceríamos los exámenes ni perjudicaríamos ni a los alumnos, ni a los padres ni a la sociedad", subrayó Vivas.
Sobre la puesta en marcha de la negociación colectiva, en la que deberían incorporarse los acuerdos suscritos entre las partes desde el año 2006, la consejera se mantiene firme en vincularla a la futura Ley Educativa, La LEEx, y que por tanto no abrirá estas negociaciones mientras no arranque su tramitación parlamentaria. Los sindicatos quieren un compromiso mayor para que se cumplan acuerdos que mejorarían sus condiciones laborales, y que tienen en este año su fecha de caducidad.
Sobre la defensa de la enseñanza pública, los sindicatos convocantes subrayan que mientras que se producen fusiones de centros públicos, la enseñanza concertada no da un paso atrás en cuanto al número de unidades. "Estamos muy preocupados, porque se sigue potenciando la concertada en Extremadura. Se les está cediendo gran parte de la enseñanza de 0-3 años, y la educación pública va cada vez más para atrás y se le va recortando sus derechos y la posibilidad de continuar dignamente. En Cáceres capital más de la mitad de los alumnos estudia en un centro concertado", afirma José Manuel Chapado, de PIDE.
