La construcción de viviendas en unos niveles de encefalograma plano, el volumen total de licitaciones en caída libre y serias dificultades tanto para financiarse como para cobrar con rapidez. La situación del sector de la construcción ha sido durante los tres últimos años algo muy parecido a una carrera por la supervivencia a la que poco a poco se han ido añadiendo más obstáculos.
Uno de los efectos colaterales de esta lucha de las constructoras por mantenerse a flote ha sido el de una creciente competencia en los concursos de obra pública. A las empresas que ya concurrían a ellos antes de la crisis se han sumado algunas rebotadas del mercado inmobiliario y todas ellas pugnan ahora por un volumen de proyectos que ha ido disminuyendo progresivamente con los sucesivos recortes de gasto público. Esta situación ha llevado a las constructoras a realizar rebajas cada vez más sustanciales en los presupuestos que presentan a las administraciones. Reducen hasta el límite los beneficios con tal de seguir trabajando.
Si se toman como referencia las obras adjudicadas en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) la evolución resulta evidente. En el mes y medio que fue del 26 de octubre al 11 de diciembre del 2007, el diferencial medio entre los presupuestos de licitación --los que calcula la Administración de turno para un determinado proyecto-- y los de adjudicación era del 5,3%. En el mismo periodo de este año, era de más del triple (17,4%). Entremedias, en marzo del 2008 era del 5,7% y en igual mes del 2009, del 8,2%.
Carlos Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Empresarios de la Construcción de Cáceres (Fecons) señala, sin embargo, que en las obras con un volumen económico superior --carreteras o depuradoras, por ejemplo-- los proyectos se están adjudicando con recortes mucho más significativos y medias "del 30% o más".
Es el propio órgano de contratación el que debe decidir cuándo una licitación incurre en baja temeraria a consecuencia de que unos precios desproporcionadamente bajos hacen peligrar la viabilidad del proyecto. Lo hace en función de las condiciones incluidas en cada pliego y de las exigencias contenidas en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. El problema es que la normativa determina qué es baja temeraria considerando, fundamentalmente, lo que proponen el conjunto de empresas licitadoras. Por ejemplo, a partir de tres empresas el listón de la baja temeraria se sitúa, por norma general, en un 10% de descuento sobre la media aritmética de las ofertas presentadas. "No parece que tenga mucho sentido que esto se determine en función del resto de las ofertas. Si todas van con bajas del 30%, una con el 40% no será temeraria", indican desde una de las principales patronales de la construcción españolas, donde también se lamenta que no exista "una definición objetiva" de lo que es una baja temeraria. "Deberían existir unas condiciones muy claras. El sector por sí solo es muy difícil que se autorregule. Se han estado viendo medias por encima del 30%", se incide. Además, se agrega, las administraciones conceden cada vez con menos "alegría" los reformados --ampliaciones del proyecto por imprevistos que no figuraban en el presupuesto inicial--, lo que hace desaparecer otra posible vía de las empresas para compensar presupuestos.
ROZANDO LO TEMERARIO José Luis Iglesias, gerente de la Federación Provincial de la Pequeña y Mediana Empresa de la Construcción de Cáceres (Pymecon), considera que "no es de recibo" que se estén realizando algunas adjudicaciones a propuestas que "rozan lo temerario". "Antes licitaban ocho o diez empresas en un proyecto, ahora son cuarenta o cincuenta y cada vez se van ajustando más los presupuestos", sostiene Iglesias, que añade que "al final en la cadena de subcontrataciones alguien no acaba cobrando. No puedes pretender hacer algo que cuesta cuatro por el precio de tres". Eso cuando no la propia empresa adjudicataria la que acaba quebrando: "A la segunda o tercera obra que vas así, la cosa acaba saltando. Más de una empresa ha acabado en concurso de acreedores por este motivo". Este responsable de Pymecon considera que a partir de "un 30% o un 35%" de rebaja las obras "están condenadas a tener problemas".
Iglesias indica que las administraciones "se han aprovechado de esta situación. Si se pueden hacer dos obras por el precio de una...", y critica que los proyectos adolezcan "a veces de falta de ajuste a la situación real" en materia de precios. También subraya que sigue sin cumplirse con la ley de morosidad , que entró en vigor hace varios meses y que reducía los plazos de pago máximos tanto para las empresas como para las administraciones públicas. "Las primeras en incumplirla son las Administraciones, salvo en el Plan E, y con todo también ahí ha habido algún problema. Si vas ajustando al límite y encima se demoran en pagarte...".
Por su parte, Miguel Angel Rubio, secretario general del sindicato MCA-UGT, resalta que "empresas que no iban antes más que a obras de cierto nivel ahora licitan en proyectos de 150.000 o 200.000 euros. La competencia es brutal. Estamos viendo que hay presupuestos con bajas de hasta el 30% o el 35%. Cuando esto sucede, una de dos, o el técnico que se encarga del proyecto se ha equivocado, o es que se está bajando de más". Rubio asegura que "hay empresas que han dejado a la mitad obras del Plan E" por no ser viables con el presupuesto que habían presentado.
En el ámbito laboral, afirma que para poder hacer frente a los recortes "se está trabajando a destajo y con horas extraordinarias que se pagan a la mitad de lo que está en convenio y sin Seguridad Social, porque se abonan en negro o figuran como dietas". Además, indice Rubio, la reducción de costes lleva a "descuidar la prevención de riesgos laborales" o a mermar "la calidad de los materiales. De algún lado tienen que arañar". "Habría que poner algún límite a esto", remacha.
