La historia democrática en Extremadura marca un único precedente en sus mociones de censura. Fue presentada el 8 de marzo de 1987 por Alianza Popular contra el entonces presidente extremeño, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, proponiendo como alternativa un gobierno presidido por el entonces diputado Adolfo Díaz Ambrona.
Fracasó en su tramitación, el 19 de marzo siguiente. Los populares de entonces sólo contaron con sus propios apoyos (16 escaños), votando el resto de la Cámara en contra (3 del grupo mixto y 33 del PSOE), si bien hubo una abstención y otros 12 diputados que no asistieron.
En los archivos del diario de sesiones del Parlamento se puede apreciar cómo fueron necesarias hasta 10 horas para saber el resultado de la votación. Ibarra llamó a su contrincante "repartidor de basura" y éste le contestó que caso de tener que cumplir con esa tarea, "la basura sería de la Junta de Extremadura".
La justificación de la moción de censura en 1987 fue "la inoperancia de la Junta" en determinadas materias y porque el PSOE se negó a abrir una comisión de investigación en la Asamblea sobre unas presuntas irregularidades denunciadas por AP en la adjudicación del proyecto de carretera Trujillo-Guadalupe, así como la supuesta incompatibilidad del entonces consejero de Obras Públicas, Eugenio Alvarez.
Sin embargo, el presidente extremeño tachó la iniciativa de "interesada" y "electoralista" según recoge EL PERIODICO EXTREMADURA de la época, y que lo que pretendía Alianza Popular era "aprovechar la Asamblea de Extremadura que paga todo el pueblo para airear a un candidato". Rodríguez Ibarra indicó que, en su opinión, la operación estaba montada desde Madrid tratando de convertir a Extremadura en "un campo experimental" como antesala de lo que más tarde se pudiera desarrollar en el Congreso de los Diputados.
