Los delitos relativos a la prostitución motivan al año en Extremadura un centenar de detenciones, la mayoría de mujeres "por estancia ilegal en el país". Y junto a estas, propietarios, gerentes, colaboradores... de los clubs de alterne o pisos de citas, en su caso por delitos de inducción a la prostitución, inmigración ilegal, contra los derechos de los trabajadores y detención ilegal.
La Fiscalía actúa contra ellos, acusa y en la práctica totalidad de los casos se llega a juicio, aunque no sin ciertos problemas. Así lo reconocen responsables de la Fiscalía, que según indicaron ayer a este diario la principal dificultad de la acusación en estos procesos radica en "la posible pérdida de la prueba". Explican, al respecto, que en los procesos por delitos relativos a la prostitución normalmente las únicas pruebas con las que se cuenta son testificales, "las que aportan, en prácticamente todos los casos, mujeres que se han visto obligadas a ejercerla, y extranjeras, lo que puede motivar que por miedo se echen atrás, se marchen y en el momento del juicio no se las pueda localizar".
No obstante, añadieron las mismas fuentes, es una traba que se evita preconstituyendo la prueba, es decir, tomando declaración a las testigos en presencia de sus abogados, el fiscal, el juez..., en definitiva, como si se estuviera ya en el juicio, de forma que su testimonio servirá en él aunque no comparezca.
Por ello, y aun reconociendo que hay un pequeño índice de fracasos, "en la mayoría de los casos los acusados resultan condenados". Así, por ejemplo y entre otros, el año pasado fueron condenados en Badajoz cinco brasileños a dos años de prisión cada uno; en el 2006, en Cáceres fue condenado a tres años y medio de prisión el dueño de un hostal-club de Miajadas, y en Badajoz, a dos años, una colombiana por explotar una casa de citas; o la condena de 3 años y 11 meses que en el 2005 se impuso en Badajoz a un rumano.
