El ministerio fiscal acaba de presentar su escrito de calificaciones sobre el mayor fraude del IVA en Extremadura, detectado por la Agencia Tributaria en el 2003 por importe de 45 millones de euros. En él se inculpa a nueve personas de siete delitos contra la Hacienda Pública, en total. El fiscal solicita que se adjudique el caso al Juzgado de lo Penal de Badajoz que corresponda y la apertura de juicio oral, así como penas que ascienden a 36 años de prisión, según ha podido saber EL PERIODICO.

Este es el primer paso del proceso jurídico tras la instrucción de la causa por procedimiento abreviado 16/2004, procedente de las diligencias previas 116/2002 seguidas en el Juzgado de Olivenza desde que la Agencia Tributaria puso en manos de la justicia el que ya es el mayor delito fiscal de la región, y que se llevó en la ciudad oliventina por tener en ella su domicilio fiscal el principal acusado, aunque ha habido otros imputados de distintos lugares de España, incluidos Badajoz y Córdoba, y con ramificaciones en Portugal.

UN FRAUDE EN CARRUSEL El caso, conocido como del tipo fraude en carrusel por afectar a numerosas empresas dedicadas al comercio de material informático, que en realidad eran ficticias, se basa en haber defraudado el IVA con facturas falsas de compra-venta cuyo IVA no pagaban pero que luego deducían de su liquidación por una actividad inexistente como IVA soportado . Así lo anunció la delegada de la Agencia Tributaria, María Teresa Pisano, el pasado 3 de febrero.

Ahora, la fiscalía, que en su día planteó la posibilidad de que el caso pasara a la Audiencia Nacional, por la complejidad del tema y por la implicación de personas de distintos lugares del país, una vez que esta posibilidad parece descartada, ha presentado su escrito de acusación contra Juan Díaz García, el principal implicado y que tiene su domicilio fiscal en Olivenza; Andrés Cano Rodríguez; Juan José López Asensio, anteriormente condenado por estafa; Juan Delgado Pulgar, también condenado con anterioridad por falsedad; Luis Parra Pérez, con domicilio fiscal en la calle Traseras de Colón, de Badajoz; Gabriel Manuel Sicilia Trejo, también condenado por distintos casos de conducción bajo efectos de bebidas alcohólicas, cuya sede fiscal figuraba en la calle Arcoagüero, de Badajoz; Vicente Espejo Fernández; Joaquín Tafur Fernández, condenado también por tráfico de drogas; y Natalia Soldevilla Alarma.

La petición de penas del fiscal, se hace por grupo de implicados en cada uno de los cuatro apartados en los que se basa para establecer los hechos.

NO EN LA AUDIENCIA En ningún caso hay un delito que supere los 5 años de prisión por sí solo, motivo por el que la causa no irá a la audiencia provincial, sino a un juzgado de lo penal, a pesar de que en total sumen los 36 años y 3 meses mencionados. Además de la prisión, el ministerio público solicita también el pago de multas de diferentes cuantías por un importe total de 276 millones de euros, así como de otros 35,6 millones en concepto de responsabilidad civil.

No todos los acusados lo son de todos los delitos, algunos lo son sólo de uno o dos, y en ocasiones, por distintas acciones, según actuasen en la trama. Juan Díaz lo es en los cuatro apartados que hace el fiscal, y de hecho, éste reclama para él que se le imponga la máxima pena prevista en el artículo 76.1 del Código Penal, por ser el principal responsable de la trama y aparecer en todos los grupos descubiertos. Asimismo, el ministerio público indica en su escrito que no concurren circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal en ningún caso.