La fiscal coordinadora del Servicio de Violencia Doméstica de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), Amalia Cortés, respalda toda modificación legislativa que implique, o que por lo menos pretenda ampliar, la protección de las personas que se ven afectadas por la violencia doméstica. Reconoce, no obstante, que este tipo de procedimientos presenta cierta dificultad a la hora de cumplir el axioma de que todo delito o toda acusación ha de ser probada, "pues lo cierto es que no es fácil encontrar testigos, la gente que puede ser conocedora de situaciones de malos tratos hay veces que tiene miedo o no se quiere meter en problemas". Ante esta realidad, aboga por un mayor concienciación social sobre los malos tratos y anima a ser valientes denunciar judicialmente.

Pese a todo, Cortés insiste en que la valoración "ha de ser positiva, pues se incluye ya la violencia psíquica y se ha establecido un elenco de medidas cautelares exactas y determinadas que tienden a clarificar las situaciones y se pueden traducir en una verdadera protección a la víctima".

Por su parte, Joaquín González, juez titular del Juzgado número 5 de Cáceres, plantea como una medida para dar una mayor protección a las víctimas el introducir penas de prisión para aquellos maltratadores que violen la medida judicial de alejamiento. En estos momentos, señaló, los quebrantamientos de las órdenes de alejamiento se castigan con una multa, "y yo en estos casos si que introduciría penas de prisión, castigaría con prisión a aquellos que violaran una medida judicial de alejamiento, pues quizás esta podría ser una solución para evitar las reincidencias".

IMPLICACION SOCIAL

Por otra parte, tanto Amalia Cortes como Joaquín González consideran que el tema de la violencia doméstica tiene que llevar unida una dotación social, una infraestructura social, algo que consideran incluso mucho más importante que las reformas penales.

Ambos califican de "complejísimo" el tema de la violencia doméstica y estiman que la solución más que de tipo penal es de tipo social. "Se requiere para las víctimas un apoyo por parte de instituciones sociales para que no se sientan solas, para que se sientan ayudadas, protegidas, para que se le procure una formación, una posibilidad de acceso al mundo laboral, para que, en definitiva, tengan una oportunidad de poder formar parte de la sociedad como una individualidad".

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