Francisco Soler Rodríguez: "La gente puede estar tranquila con los alimentos que compra"

--¿Qué aporta el paquete de fitosanitarios?

--Aporta básicamente tres cuestiones que son muy importantes. La primera de ellas es que diferencia en la aplicación de pesticidas entre diferentes zonas geográficas de Europa, cada una de ellas con un comportamiento ambiental bastante distinto en cuanto al uso de estos productos. Otra cuestión bastante interesante es que se restringe el empleo de plaguicidas en ciertos espacios como los cercanos a los cauces de agua o a las poblaciones. En tercer lugar, hasta ahora las industrias han registrado y aplicado sus plaguicidas y, si existía cualquier problema, se prohibían. De esto se pasa a un concepto distinto: el establecimiento de listas positivas. Solo se podrán utilizar aquellos productos que se aprueben tras una serie de ensayos sobre su eficacia y seguridad. Además, el uso de los más tóxicos se somete a importantes restricciones.

--Entonces, ¿considera que una normativa como esta era necesaria para regular el uso de los fitosanitarios?

--Yo creo que sí. Una de las cosas que se persigue es sustituir los plaguicidas de índole más tóxica. Eso es bastante positivo en varios aspectos, relacionados tanto con la contaminación ambiental como con la salud pública. Un ejemplo, nosotros en nuestro grupo de toxicología tenemos un convenio con la Consejería de Medio Ambiente por el que analizamos toda aquella fauna con sospecha de intoxicación o envenenamiento en Extremadura. Me atrevería a decir que el 90 o el 95% de los casos en los que detectamos que ha habido envenenamiento es porque se ha usado algún tipo de cebo fabricado a partir de plaguicidas muy tóxicos. En el momento en el que se quiten del mercado, este tipo de cuestiones se verán disminuidas.

--Precisamente, una de las cosas que aducen los agricultores es que lo importante no es que un producto sea tóxico o no, sino cómo se aplica, y así se está metiendo todo en el mismo saco, los usos legales y los ilegales.

--Si, pero cuando quitas una serie de productos para evitar ese uso ilegal, se limita el problema que tienes. Esta normativa deja, además, moratorias en el caso de que no existan alternativas.

--Pero, ¿son suficientes esas moratorias?, ¿hay garantía de que en cinco años se encontrarán alternativas?

--Entiendo que si se establece una moratoria pero no aparece ningún tipo de alternativa, esa moratoria se continuará. Para eso estarán las organizaciones de agricultores poniendo encima de la mesa sus reivindicaciones. Con esta normativa de lo que se trata más que nada es de evitar el riesgo que supone el uso de fitosanitarios. Un ejemplo claro de lo que puede pasar lo tuvimos en Extremadura hace varios años cuando hubo problemas de contaminación por un herbicida, la simazina, en muchos lugares de la región. Son hechos que constatan claramente el riesgo que hay.

--Entonces, ¿hasta qué punto el consumidor puede estar tranquilo con los alimentos que compra?

--En general se puede estar tranquilo. En España, igual que en cualquier país de la UE, existe un plan nacional de investigación de residuos en los alimentos, tanto vegetales como animales. Se hace una prospección en todo el país para detectar la presencia de residuos, desde plaguicidas hasta medicamentos.

--En lo relativo a la contaminación por fitosanitarios, ¿cuál es la situación de Extremadura?

--Habría que diferenciar mucho de lo que son las zonas de agricultura intensiva, como las Vegas del Guadiana, las zonas regables del Valle del Alagón o el Campo Arañuelo, que por su propia actividad tienen un componente importante de aplicación de fitosanitarios, de las zonas de sierra, encinar o las dedicadas al pastoreo, donde prácticamente no se utiliza nada. Pero, en comparación con otras comunidades el nivel de contaminación no es ni mucho menos el que puede haber en otras zonas.