La instrucción de la causa por el presunto delito fiscal que denunció la Agencia Tributaria de Extremadura, en el 2003, por un multimillonario fraude en el IVA mediante la emisión de facturas falsas en el sector informático, en varias ciudades españolas, sigue adelante sin que hasta ayer se haya practicado ninguna detención. Por el momento hay ocho imputados. Aún está pendiente la orden de apertura de juicio oral para remitirla a las partes personadas en el caso: la fiscalía, la defensa y la acusación particular o popular si la hubiera, según confirmaron fuentes judiciales y de la fiscalía de la Audiencia Provincial de Badajoz.
El fraude denunciado en el 2003 por la delegada especial de la Agencia Tributaria en Extremadura, María Teresa Pisano, después de concluir un expediente abierto el año anterior por un presunto delito fiscal --en el que habrían participado al menos cuatro empresas de informática, aunque pueden ser hasta ocho--, se eleva, según manifestó, a 45 millones de euros.
ACTIVIDAD FICTICIA Estas empresas, en realidad, no tenían actividad comercial alguna, pero simulaban todos los pasos de la misma emitiendo facturas falsas con cargo del 16% de IVA, para reclamar la devolución del mismo al hacer sus liquidaciones como IVA soportado . De este modo llegaron a embolsarse la citada cantidad de dinero, logrando uno de los mayores fraudes de IVA que se conocen en el país en los últimos años.
Se trata un caso sumamente complejo, como han reconocido todas las instancias conocedoras del mismo, desde la propia Agencia Tributaria, cuyo cuerpo de Aduanas llevó directamente el caso --sin que intervinieran otras fuerzas de seguridad del Estado, ni la Guardia Civil, ni el Cuerpo Nacional de Policía, como aseguraron ayer fuentes de la jefatura superior--, hasta el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Badajoz, Antonio Mateos, el propio fiscal conocedor de la causa, y la misma juez.
Desde diversas instancias se considera que ésta es una causa tan compleja y con tantas ramificaciones en diferentes ciudades y comunidades de España, que "cabría la posibilidad de remitirla a la Audiencia Nacional, que puede conocer de estos asuntos, y que debería hacerse cargo de ella, más que el Juzgado de Olivenza", según un destacado conocedor del caso, pues "se lleva en Olivenza sólo por una circunstancia, que la primera empresa detectada tiene su domicilio social allí, pero nada más. No quiere decir que Olivenza sea el centro de la trama, y a lo mejor, no hay ni actividad".
Este hecho sería posible, pero ni en la fiscalía, ni la juez instructora se pronunciaron al respecto, remitiendo ésta, para cualquier información, al Tribunal Superior de Justicia, que a su vez, señaló que no hay información nueva sobre aspectos judiciales, aparte de la publicada ayer por EL PERIODICO.
El momento procesal se encuentra en en los últimos pasos de la instrucción, con los ocho imputados, pero aún no hay orden de traslado de la causa al palacio de justicia de Badajoz, ni de apertura de juicio oral, a partir de la cual las partes pueden presentar calificaciones provisionales, indicando si creen que hay delito, que tipo en caso de que así fuera, la pena y las pruebas solicitadas. Y en función de ello, determinar qué órgano será el encargado de juzgar el caso.
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