El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales trabaja en la elaboración de un proyecto normativo --que probablemente se llame ley de autonomía-- que regulará la creación de un Sistema Nacional de Dependencia y elevará a categoría de derecho esta atención sociosanitaria que muchos consideran el cuarto pilar del Estado del Bienestar.
Este modelo, que el Ejecutivo pretende trasladar al Congreso de los Diputados a lo largo de este año, se basará en los estudios realizados a través del Libro Blanco de la Dependencia . Este documento marca cuatro principios básicos en el desarrollo de este sistema, como son la universalidad de la prestación; el caracter público de la misma "con independencia de las formas de financiación y gestión"; la igualdad en el derecho de acceso "sea cual sea el lugar de residencia"; y "la cofinanciación por parte de los usuarios en las condiciones que se establezcan con carácter general para toda España".
MAs COORDINACION Además de elaborar un catálogo de servicios de mínimos que deberá ser común en toda España, el estudio del ministerio considera imprescindible que se garantice un nivel correcto de coordinación sociosanitaria. Y es que en estos momentos, apunta, "no existe un modelo uniforme de prestación ni de coordinación de servicios sanitarios y sociales".
Por lo que se refiere a las competencias que deberá desarrollar cada Administración, el libro del ministerio indica que el Estado es el responsable de elaborar la ley, de establecer los baremos de valoración de dependencia y la evaluación y control del sistema. Por lo que se refiere a la Conferencia Sectorial, sería responsable de aprobar la cartera de servicios comunes y los estándares de calidad aplicables.
En el caso de las comunidades, les correspondería la valoración de la dependencia y el desarrollo de la red sociosanitaria creando nuevos centros y concertando otros para incluirlos en el sistema. Por último, recalca que los ayuntamientos de mayor tamaño tendrán que gestionar algunos servicios, mientras que todas las Administraciones Locales deberán habilitar suelo dotacional y agilizar los trámites para facilitar nuevos centros.
El Libro Blanco de la Dependencia se detiene especialmente en el papel presente y futuro que deben jugar los cuidadores familiares, en su mayoría mujeres de más de 45 años. Al ser un derecho, las personas dependientes que necesiten un cuidador personal recibirán una ayuda económica, pero ésta será menor si en lugar de un profesional la tarea la realiza un familiar sin cualificación. Aún en este último caso, se incluye la posibilidad de que puedan cotizar por su trabajo, lo que les reportaría unos beneficios sociales desconocidos hasta la fecha.
