Izquierda Unida ha propuesto la derogación de la ley que regula el estatuto de quienes han ostentado la Presidencia de la Junta de Extremadura como medida para el control del gasto público. Este "gasto, si bien no es significativo en el conjunto de las cuentas regionales, supone un privilegio sin ningún tipo de justificación", criticó IU.
A su juicio, es "injusto" que por un lado se les exija a los ciudadanos continuos esfuerzos para superar una situación de crisis de la que ellos no son responsables, mientras se mantienen "los privilegios de una clase política que incluso en el ámbito local disfruta de un nivel de bienestar muy por encima de la media regional".
Según la legislación vigente, los expresidentes de la Junta tienen derecho a una oficina propia de asistencia, coche oficial y al personal asignado a los mismos, además de pensión vitalicia en condiciones muy superiores a las del Régimen General de la Seguridad Social y servicio de seguridad. Solo Juan Carlos Rodríguez Ibarra disfruta ahora de estos beneficios. IU sólo admite los gastos vinculados a la salvaguarda de su seguridad.
