La Junta de Extremadura se muestra partidaria de que se reforme la actual ley de montes. El objetivo de esta modificación normativa es prohibir durante un plazo mínimo de treinta años cualquier cambio en el uso de lo de los terrenos que hayan sufrido incendios. Otra de sus apuestas es el endurecimiento de las penas, de forma que se reforme todo lo que atañe a la detención y condena de los pirómanos.
Otro de los aspectos que considera necesario la Junta es un mayor esfuerzo en la investigación, con una ampliación de la plantilla del Seprona. La homogeneización de las estadísticas en toda España y la solicitud de fondos europeos para medidas preventivas son otros de sus objetivos.
