No es la primera vez que Extremadura se convierte en la ruta elegida por los inmigrantes y las mafias para viajar a otros puntos del país o incluso a otros países europeos. Hace diez años, a principios de 1997, la Guardia Civil de Badajoz abrió una investigación para esclarecer las posibles conexiones entre una empresa de transportes pacense y una red ilegal de inmigrantes.
El desencadenante de la operación fue un accidente ocurrido el 17 de marzo de aquel año en las proximidades de la localidad gerundense de Figueres. Allí fallecieron once magrebís tras volcar el camión en el que viajaban escondidos. Tanto el vehículo como el conductor, que también perdió la vida, procedían de la provincia de Badajoz y viajaban con documentación falsa. Las placas de las matrículas y el semirremolque figuraban a nombre de una empresa de Santa Marta de los Barros dedicada al negocio de las finanzas y los seguros, pero que tenía como actividad secundaria el transporte por carretera.
Los agentes encontraron una trampilla oculta para acceder al remolque, en el que en ese momento se transportaban botellas vacías y, escondidos entre ellas, había al menos quince inmigrantes. Once fallecieron y cuatro resultaron heridos, aunque la policía no llegó a descartar que alguno más hubiera logrado escapar. Uno de los magrebíes supervivientes declaró que el destino del viaje era Italia, aunque no precisó si procedían de Portugal, Marruecos o del sur de España.
Una red internacional
Según las investigaciones posteriores de la policía, la mafia que había organizado el viaje disponía de una lista de camioneros para transportar inmigrantes fuera de España. Además, las fuerzas de Seguridad del Estado manejaban la posibilidad de que se tratara de una red internacional de tráfico de personas que operaba tanto en el continente africano, como en Portugal, Andalucía, Extremadura e Italia.
De acuerdo con las pesquisas manejadas entonces, la organización contaba con una compleja infraestructura en Marruecos, donde captaban posibles clientes interesados en trasladarse a Europa para trabajar. Desde allí se encargaban de preparar los viajes para cruzar el estrecho de Gibraltar y alcanzar la costa española. Ya en Andalucía, la mafia obligaba a los inmigrantes a pagar entre 200.000 y 350.000 pesetas (entre 1.200 y 2.100 euros) para trasladarles a Italia, donde les prometían encontrar un empleo en labores de recogida de fruta.
Las investigaciones apuntaban que la red disponía de vehículos propios y de cómplices, con medios de transporte amplios, con los que se trasladaba a los magrebís por toda la península hasta la frontera francesa. Pero además, contaba con una lista de nombres de camioneros dispuestos a realizar este trabajo ilegal en los diferentes países afectados.
Los familiares del conductor, Felipe José Martín, que cuando falleció tenía 31 años, siempre defendieron su inocencia y descartaron que tuviese algo que ver con el tráfico clandestino de inmigrantes. Asimismo acusaron a la empresa de transportes que le tenía empleado de realizar prácticas "piratas". Sin embargo, el propietario de esta compañía, entonces Justo Sánchez, declaró ante el juez no tener ninguna relación con este tipo de prácticas ilegales y quedó en libertad sin fianza.
