Respeto la opción de quien ha decidido hacer huelga. Es un derecho fundamental y un contrapeso necesario en todo Estado social, clave en el progreso de las condiciones de trabajo en una economía de mercado. No obstante, la huelga del 29-S no es la respuesta correcta a la reforma laboral.

En primer lugar, es una huelga política, de tipo laboral, pero política, pues no se hace contra una decisión empresarial, sino contra una ley aprobada por unas Cortes elegidas democráticamente.

Cierto que las implicaciones laborales de la huelga impiden, según la jurisprudencia constitucional, que esta sea declarada como ilícita, pero, más allá de consideraciones legales o judiciales, se impone una reflexión más profunda sobre la posibilidad de intentar alterar una decisión política con un instrumento sindical, que, para más inri, se encuentra regulado en una norma preconstitucional.

En segundo lugar, si bien no es la reforma que necesitamos para corregir nuestros déficits estructurales, sí es un paso necesario para hacer frente a una realidad indiscutible, como nuestra alarmante tasa de paro. Hablamos del 20%, y conviene recordar que países como Grecia, Francia, Italia o Alemania no llegan al 10%. Antes de hacer huelga, convendría esperar a ver los resultados de esta reforma.

Y, en último lugar, no parece que la mejor respuesta a una crisis económica en un entorno internacional fuertemente competitivo sea no trabajar, aunque solo sea por un día, y paralizar el país. Las incomodidades de una huelga general son evidentes para todo el mundo. Pero su utilidad no está nada clara.

La auténtica respuesta a la decisión política de la reforma debe darse el día de las elecciones generales, cuando no solo podrá manifestarse la oposición a la medida, sino que también podremos decidir qué alternativa queremos.