Más del 75% de los municipios extremeños no ha actualizado su catastro desde 1994 a pesar de que la legislación recomienda revisarlo cada 10 años. De esta forma, la mayoría de los ayuntamientos de la región llevan más de una década sin poder cobrar los impuestos adecuados a aquellas viviendas construidas sobre suelo rústico y que no han sido dadas de alta como propiedad urbana. Es decir, los consistorios están perdiendo dinero o se están viendo forzados a subir algunas cargas fiscales para compensarlo.
Los últimos datos completos del Ministerio de Economía y Hacienda ponen de relieve que en la comunidad autónoma hay unos 300 consistorios donde no se ha revisado este registro desde mediados de la década de los 90. La iniciativa corresponde a la Dirección General del Catastro, dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda, pero esta administración cuenta con insuficientes recursos para poder llevar al día el catastro de todas las localidades de la comunidad autónoma, "más aún teniendo en cuenta el boom inmobiliario de los últimos años", según explican desde el Organismo Autónomo de Recaudación de la Diputación de Badajoz.
A ello se suma otro problema: la complejidad burocrática. "La actualización es un proceso complicado, porque exige mucha documentación. Hay que tener en cuenta que antes todos los asuntos de propiedad se realizaban sobre papel y mapas. Pero la burocracia actual lo complica mucho, a pesar de que ya se ha avanzado algo gracias a la digitalización de la información", explica José Muñoz, presidente de la Federación regional de Municipios y Provincias (Fempex).
El catastro no solo permite registrar las propiedades, con los datos sobre dueños, dimensiones y usos del terreno, sino que también sirve para estipular el tipo de impuesto que le aplica cada ayuntamiento. En este sentido, Muñoz explica que estos municipios están "perdiendo dinero, porque si el propietario ha construido una vivienda en suelo rústico y no la da de alta como terreno urbano, no contribuye fiscalmente a las arcas municipales como debería, ya que los impuestos sobre suelo urbano suelen ser más elevados que sobre suelo rústico". Por eso, añade, lo que realmente se produce es una "injusticia, ya que unos vecinos pagan más que otros a pesar de tener el mismo tipo de propiedad".
CON SANCION Según Muñoz, estos ciudadanos no incurren en ningún tipo de ilegalidad, ya que a la hora de construir la vivienda suelen contar con los permisos municipales oportunos. Sin embargo, desde el Organismo Autónomo de Recaudación de Badajoz apuntan que se trata de una infracción que lleva aparejada una sanción. No obstante, aclaran que en muchos casos se produce por desconocimiento de la legislación, "ya que el ciudadano no sabe que debe ser él quien cambie de tipología la superficie, aunque también hay algunos que no lo hacen precisamente porque saben que deberán pagar más".
En los últimos datos de Hacienda, actualizados hasta el año 2004, se pone de manifiesto que la gravedad de la situación difiere según cada municipio. Hay algunos que incluso llevan desde 1985 sin revisar su catastro. Además se trata de una circunstancia en la que no se aprecian distinciones geográficas ni de tamaño, aunque es verdad que, en líneas generales, los grandes núcleos urbanos corrigieron su registro después de 1994.
En este sentido, José Muñoz recuerda que los ayuntamientos son los principales afectados por este problema. "Somos los ayuntamientos los que debemos preocuparnos, porque nos influye a la hora de saber lo que tenemos, cómo crecemos y también al establecer los impuestos", insiste.
ACTUALIZACION ANUAL El presidente de Fempex señala que lo ideal sería una actualización anual, porque de esa forma
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