La negociación que el Gobierno central mantiene en estos momentos con las comunidades autónomas para diseñar un nuevo modelo de financiación se centra en el reparto de los fondos que el Estado aporta a las regiones. Sin embargo, como recuerdan los catedráticos de Hacienda Pública Ignacio Zubiri Oria y Carlos Monasterio Escudero, no es la única vía de ingresos disponible. Las comunidades pueden utilizar los impuestos para obtener los recursos económicos que necesitan para costear la prestación de sus servicios, aunque apenas han explotado esta vía.

"Han utilizado su capacidad fiscal no tanto para obtener los ingresos adicionales que dicen necesitar, como para ofrecer una cara amable al contribuyente", denuncian ambos expertos en un ensayo sobre financiación autonómica publicado por la Fundación de Cajas de Ahorro. En este sentido, critican que todos los territorios han aplicado importantes deducciones a algunos de los impuestos cuya recaudación está parcialmente cedida por el Estado a las comunidades, como es el caso del IRPF: "Potencialmente esto permitiría obtener ingresos sustanciales a unas comunidades autónomas que sistemáticamente se quejan de insuficiencia de recursos. Sin embargo, han optado por reducir estos tributos".

Por este motivo los autores del estudio se oponen a un nuevo incremento de la parte del IRPF transferida a las comunidades autónomas, que es una de las demandas planteada por Cataluña. Es más, recomiendan al Estado que deje de aprobar escalas y deducciones de referencia para los tributos cedidos y que se limiten las deducciones admisibles.

Pero además, los Gobiernos regionales están facultados para crear impuestos propios siempre que estos no recaigan sobre aspectos ya gravados por el Estado. En este caso, Zubiri y Monasterio consideran que los esfuerzos de las comunidades se han centrado en la creación de "impuestos medioambientales y sobre el juego, que transmite buena imagen, no afectan a demasiados contribuyentes y tienen una escasa capacidad recaudatoria". En esta línea, en distintos territorios se ha gravado la implantación de grandes superficies --por ejemplo, en Asturias y Cataluña--, el alquiler de coches --instaurado por Baleares-- o la infrautilización de determinados recursos --como Extremadura o Andalucía--.

En el caso extremeño, entre los tributos propios creados aparece el impuesto sobre aprovechamientos cinegéticos --es decir, sobre los cotos de caza--, el impuesto sobre depósitos de las entidades de crédito, el que grava las instalaciones contaminantes o un tributo para suelo sin edificar y construcciones ruinosas. Entre todos, según Zubiri y Monasterio, apenas aportan un 1% de los ingresos de la Junta.

"Con la capacidad normativa que tienen, las comunidades autónomas podrían obtener recursos económicos importantes bien sea vía IRPF o creando algún impuesto propio que realmente aporte ingresos significativos. Que en vez de esto hayan optado por medidas fiscales amables, pone de manifiesto que no han aceptado que deben ser fiscalmente corresponsables y ante una necesidad de recursos prefieren pedir más dinero al Estado antes que aumentar sus impuesto y recaudarlo ellas mismas", sostienen antes de recomendar al Gobierno que conceda una mayor autonomía fiscal para las comunidades.