La Radio Televisión Valenciana acumula una deuda de 1.122 millones de euros. Telemadrid, cerca de 250. TV3 y los demás canales públicos de la Generalitat de Cataluña arrastran un agujero de 45 millones, casi el doble que la televisión gallega y la de baleares. Y el endeudamiento de Euskadi Telebista (ETB) está estimado en 16 millones de euros. En conjunto, las cadenas autonómicas mantienen un saldo negativo superior a los 1.400 millones de euros, según las últimas estimaciones de la Unión de Televisiones Comerciales de España (Uteca), la asociación en la que se integran los principales canales privados del país. Ese montante equivale a una cuarta parte del presupuesto total de la Junta de Extemadura para este año. De esa cantidad, 1,5 millones corresponderían a Canal Extremadura.
El Partido Popular ha puesto en tela de juicio la sostenibilidad de estos medios públicos y, desde la sede del partido, cada vez toma más cuerpo una modificación de la legislación que permita privatizar las cadenas autonómicas. De hecho, la formación que dirige Mariano Rajoy ya presentó en noviembre una proposición de ley en el Congreso de los Diputados para facilitar el paso a un modelo de gestión privado, conservando la titularidad pública. Esa es la reforma de mínimos que pretenden los populares, aunque algunos de sus responsables autonómicos hablan sin tapujos de una privatización absoluta.
El objetivo es deshacerse de la carga financiera que supone el mantenimiento de estos medios de comunicación, cuyas audiencias medias no suelen superar el 10% --salvo en el caso de las tres comunidades con lengua cooficial: Cataluña, País Vasco y Galicia-- y que requieren de un presupuesto que supera, en su conjunto, los 1.800 millones anuales. Las cifras van de los 500 millones del ente público catalán a los 30 millones asignados para la corporación extremeña (radio y televisión) de cara a este 2011.
Solo Cantabria, Navarra, La Rioja y Castilla y León carecen de una televisión pública autonómica propia. En el caso cántabro, su hasta ahora presidente, Miguel Angel Revilla, ha defendido que supondría un gasto excesivo para las arcas regionales, más teniendo en cuenta que gran parte del territorio de esta comunidad se recibe la señal de la ETB y de la televisión asturiana. Algo similar ocurre en La Rioja y también en Navarra, aunque en este caso existe un convenio formalizado para que la señal de la cadena vasca llegue a toda la comunidad foral.
El caso más llamativo quizás sea el de Castilla y León, cuya televisión autonómica está en manos privadas mediante una concesión pública del canal.
