El debate sobre la necesidad de proteger o prohibir los toros se ha originado en Cataluña. Allí, una iniciativa popular respaldada por 180.000 firmas que piden la abolición de la fiesta centra la actividad parlamentaria. Los diputados catalanes escuchan estos días los argumentos de expertos de uno y otro bando (toreros, empresarios, apoderados, aficionados, ecologistas, proteccionistas, filósofos, veterinarios, biólogos...). Cuando las comparecencias terminen, el Parlament deberá pronunciarse: sobre la mesa está lmodificar la Ley catalana de Protección de Animales para prohibir "las corridas de toros y los espectáculos de toros que incluyan la muerte del animal y la aplicación de las suertes de la pica, las banderillas y el estoque".
La semana pasada la Comunidad de Madrid anunció su intención de declarar bien de interés cultural la fiesta de los toros. Unos días después, El Consejo de Gobierno de esta región, presidido por Esperanza Aguirre (PP), aprobó la propuesta. "Queremos subrayar la importancia de una seña de identidad en la cultura madrileña, desde luego, y en el resto de España. La historia del toreo está tan ligada a la de España que, sin conocer la primera, resulta imposible comprender la segunda", explicó ayer la dirigente popular citando a Ortega y Gasset.
La iniciativa madrileña fue rápidamente secundada por los gobiernos de la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia, ambos en manos del PP. El Consell que dirige Francisco Camps ha aprobado en pleno el inicio del expediente para otorgar esa figura de protección a las corridas de los toros y los ´bous al carrer´, unos festejos populares con mucha raigambre en Valencia. El Ejecutivo murciano también ha realizado el mismo trámite a petición de un club taurino.
