El proceso de regularización de extranjeros llevado a cabo por el Gobierno central ha hecho que se multipliquen las denuncias de casos de presuntas estafas que afectan a inmigrantes a situación irregular. Estas denuncias han aparecido en casi todas las comunidades y se refieren especialmente a dos situaciones: la compra a supuestos empresarios de contratos de trabajo para conseguir la regularización; y el cobro de trámites que según la ley tienen un carácter gratuito.

ONG DE HUELVA El caso más llamativo fue sin duda el de una Organización No Gubernamental (ONG) de Huelva, que según la Guardia Civil podría haber estafado a hasta 40.000 inmigrantes. En esta operación --que se inició a raíz de la denuncia presentada por varios socios de la entidad-- fueron detenidas cinco personas. La Benemérita asegura que cobraron a los extranjeros por trámites que teóricamente son gratuitos y que, además, en muchas ocasiones no llegaron a realizarse. Están acusados de presunta estafa continuada y de un delito contra las Administraciones Públicas.

En Iruñea (País Vasco) la Policía Nacional detuvo a dos personas que cobraban a los inmigrantes hasta 900 euros por conseguirles un contrato de trabajo. Nunca llegaron a ver ese contrato no les devolvieron los 450 euros que adelantaron para iniciar los trámites.

También en Canarias hubo una estafa a gran escala. En concreto, hubo cuatro detenidos por estafar a más de cien inmigrantes, a los que exigían entre 240 y 500 euros por facilitarles un contrato laboral si cumplían el resto de los requisitos para normalizar su situación.

Por último, en Valencia ha habido recientemente 14 detenidos acusados, al igual que los anteriores, de vender contratos de trabajo por entre 500 y 1.500 euros. En este caso se detectaron algunas empresas ficticias y otras que no cumplían los requisitos.