La regularización por arraigo laboral de los sin papeles anunciada por el Gobierno central afectaría en la región a entre 4.000 y 5.000 inmigrantes que se encuentran en situación ilegal pero tienen empleo, según se desprende de los datos del Consejo Económico y Social (CES) y el Instituto Nacional de Estadística (INE). No obstante, las estimaciones que manejan sindicatos y colectivos como la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura indican que la horquilla de los que podrían acogerse a esta medida oscila entre 4.000 y 8.000 personas.
Lo cierto es que la comunidad gestiona cada año una media de 14.000 expedientes y los últimos datos indican que hay 7.500 extranjeros dados de alta en la Seguridad Social. El pasado año 17.100 inmigrantes contaban con tarjeta o permiso para residir en Extremadura, de los que 10.312, el 60%, estaban censados en la provincia cacereña. Con el cambio de Gobierno, se produjo un retraso administrativo que ha dejado en situación irregular a más de 1.200 inmigrantes residentes en la región --967 en la provincia de Cáceres y 290 en la de Badajoz, los cuales tenían los papeles en regla--, lo que originó que muchos empresarios se negaran a prorrogarles los contratos laborales.
PRECAUCION De momento, el anuncio del Gobierno ha sido tomado con cautela. Sindicatos, organizaciones agrarias y asociaciones de inmigrantes exigen más información y discrepan de la forma en la que se ha realizado el anuncio, que muchos consideran un "globo sonda".
El Ejecutivo central ya aclaró ayer que convocará en septiembre la mesa de diálogo social para presentar a empresarios y sindicatos sus propuestas de regularización y que afectarán a los inmigrantes llegados antes del cambio de Gobierno.
Houria Dkhissi, presidenta de la Asociación Multicultural Nexo de Talayuela, que cuenta con socios de 28 nacionalidades, reconoce que es necesario normalizar la situación de los inmigrantes que se encuentran de manera ilegal, aunque no entiende "por qué la información se ha lanzado de esa forma, ya que es algo muy delicado que se tiene que tratar en profundidad y que puede provocar efectos no deseados". En este sentido, advierte de que algunos medios de comunicación de Marruecos ya están dando la noticia "y esto puede provocar confusión".
Desde la organización agraria Asaja insisten en que se trata de un "globo sonda que suelen mandar los gobiernos para ver cómo repercute", no obstante indican que se pronunciarán sobre el tema cuando tengan más datos. Eugenio Bravo, representante de la organización, reconoce que "el gran problema que tiene el campo es que falta mano de obra, por ello será bueno que las personas que quieran trabajar estén en una situación legal".
El secretario regional de CCOO, Juan Carretero, considera una "precipitación y una salida de tono hacer un anuncio que puede crear confusión e incertidumbre" y coincide con la asociación Nexo en que los procesos de regularización no pueden depender de los empresarios, "ya que deben ser una responsabilidad exclusiva del Gobierno".
Por su parte, Nereo Ramírez, secretario de Acción Social de UGT, también es partidario de tratar el tema con cautela y considera que "tanto unas declaraciones en pro como en contra son muy atrevidas". No obstante, reconoce que el trabajo irregular es una "realidad social que está ahí y hay que hacer algo".
