Een su último gran discurso como jefe de la oposición, Alfredo Pérez Rubalcaba hizo lo muy pocas veces visto en él: leer. De principio a fin. A su juicio, la ley para hacer efectiva la abdicación del rey Juan Carlos era un asunto de tanta "trascendencia política y constitucional" que el aún secretario general del PSOE, uno de los mejores oradores parlamentarios del país, tan dado a subir a la tribuna sin apenas papeles, optó por no dejar ningún espacio a la improvisación. La intervención estaba preparada al milímetro, hasta la última coma, y en ella Rubalcaba dejó claro que aunque el PSOE no reniega de su presunta "preferencia republicana", la situación exige mantenerse en el "consenso constitucional". Pero no a cualquier costa: el líder socialista, que dejará su cargo a finales de julio, aprovechó su intervención para reclamar que el relevo en la Corona sirva para impulsar la reforma de la Carta Magna.

La llegada de Felipe, dijo Rubalcaba, "debería significar la apertura de un tiempo nuevo que propicie el diálogo y la renovación institucional", ya que las crisis económico-social, política y territorial que vive el país exigen modificar la ley fundamental. "Con consenso, pero con reformas: para mejorar el funcionamiento de los partidos, cambiar nuestro sistema electoral, reconocer los avances sociales y abordar los problemas territoriales en una dirección federal", señaló poco después de ceñir el objeto del debate. "Debemos decidir sobre la abdicación y solo sobre la abdicación. Esta cámara puede discutir de todo, pero a la hora de votar tiene que quedar claro a qué decimos sí y no ". La frase iba dirigida, a su electorado, cada vez menos defensor de la Monarquía, y a alguno de sus diputados, que habían amenazado con no atenerse a la disciplina de voto.

De 110 parlamentarios, solo tres, Odón Elorza, Guillem García Gasulla y Paloma Rodríguez, se desmarcaron. El primero se abstuvo. "Espero que mi posición conecte con miles de militantes y electores socialistas", explicó. Los otros dos, que como Elorza habían reclamado sin éxito tener libertad a la hora de apoyar o no la ley orgánica, se ausentaron de la votación. Todos recibirán ahora una sanción que puede ascender, como máximo, a 600 euros. Esa fue la cuantía con la que se castigó a los diputados del PSC cuando suscribieron el derecho a decidir.