De concluir el expediente a las eléctricas en sanción y de ser ésta llevada a su grado más alto, las eléctricas podrían enfrentarse a una multa que rondase los cinco millones de euros. Esto es así porque según los cálculos de Consumo, en cada factura se habrían colado de media entre tres y cuatro euros de más. Teniendo en cuenta que en la región hay unos 200.000 hogares, la suma de la facturación excesiva rondaría el millón de euros. Según el artículo 38 del Estatuto de los Consumidores de Extremadura, las infracciones graves y muy graves se multarían con cantidades de hasta "el quíntuplo del valor de los productos o servicios objeto de la infracción", lo que sumaría alrededor de cinco millones.

Lo que sí parece tener claro el Instituto de Consumo es que la presunta infracción es grave o muy grave. Para esta consideración, García Ramos aludió en primer lugar a que son miles los afectados, circunstancia recogida como agravante en el citado Estatuto. Otra cuestión que justificaría la estimación de gravedad es que los hechos se producen en una situación de "predominio del infractor en un sector del mercado" (artículo 34) lo que se da en el caso de las eléctricas. Asimismo, este artículo indica que es una infracción grave la que se produzca "consciente o deliberadamente o por falte de los controles y las precauciones exigibles en la actividad de que se trate", lo también ocurre.

Por último, en el apartado de infracciones muy graves (artículo 35) se indica que lo serán aquellas que deriven de la aplicación de precios en cuantía muy superior a los límites autorizados.

El apartado de cuantías de la multa deja un abanico muy amplio, ya que si se considera grave la sanción puede ir desde los 600 hasta los 15.000 euros y si es muy grave desde los 15.001 euros hasta los 600.000. En todo caso, y como se ha mencionado, en ambas escalas puede aplicarse una sanción de cinco veces la cuantía objeto de la infracción.

La decisión de ayer convierte a Extremadura en la primera comunidad en plantearse multar a las eléctricas por la facturación de estos meses. Hasta ahora tanto Madrid como la Comisión Nacional de la Energía (CNE) habían abierto expedientes (ambos a principios de febrero) pero son informativos y no sancionadores.