"No funciona. Hay que ver qué se puede hacer. Y si no se puede cambiar, pedir su derogación", asegura Antonio Prieto sobre la norma de calidad del ibérico, que entró en vigor hace más de año y medio. A su juicio, los mayores problemas están en la certificación y en la inspección que debe llevarse a cabo para verificar la alimentación que reciben los animales. "Se trata de un contrato privado: yo pago a quien certifica, y se acaba certificando lo que tú le digas", dice Prieto, que considera que las entidades certificadores deberían ser públicas y semipúblicas.
Desde Aeceriber se ha pedido ya la derogación de la norma. "Desde el 2001 en que se publicó la primera norma hasta el 2009 se ha visto que es poco menos que incumplible. Y si algo no se puede cumplir, siempre se intenta buscar la puerta falsa. Hay, entre comillas, un fraude", dice Diéguez, para quien hay que buscar una regulación efectiva pero que "permita que esto siga siendo un negocio".
