Las consecuencias que pueda traer la futura ley contra el consumo de alcohol que está elaborando el Ministerio de Sanidad y Consumo no son las únicas preocupaciones que en estos momentos tienen en vilo a un sector que aglutina a más de 10.000 agricultores en Extremadura. En el horizonte también asoma amenazante la reforma de la Organización Común del Mercado (OCM) del vino, que podría suponer una importante reducción de las ayudas comunitarias y de la superficie cultivada.
Según recoge el informe La agricultura y la ganadería extremeñas del 2005, elaborado por Caja de Badajoz, durante los últimos 10 años la producción vitivinícola ha ido incrementándose de forma escalonada en la comunidad autónoma. Así, de los 173.234 hectolitros cosechados (entre vino y mosto) en 1996 se ha pasado a los 895.000 de la última campaña. Sin embargo, en los dos últimos ejercicios se ha producido un ligero declive productivo por culpa de dos fenómenos naturales: la sequía y las heladas.
Esto no ha impedido que Extremadura siga siendo la segunda comunidad autónoma con mayor producción de uva dedicada exclusivamente a la elaboración de vino, con cerca de 58 millones de kilos anuales, solo por detrás de Castilla-La Mancha. La mayor parte de ella (93%) se destina a caldos alcohólicos y solo una parte residual (7%) se emplea para la preparación de mostos. Pero además, la región se distingue por el predominio de los vinos blancos --que aún representan dos terceras parte de la producción total-- y del vino de mesa sin indicación geográfica (90%)--. De hecho, tan solo el 2% de todo lo que sale de los viñedos extremeños está acogido a denominación de origen.
En este contexto los viticultores, las cooperativas y las bodegas extremeñas se van a enfrentar a uno de los mayores retos que tiene en estos momentos el sector. La reforma de la OCM, que debe resolverse este año, marcará el futuro del cultivo tanto en la región como en España y la Unión Europea.
Según el informe de Caja de Badajoz, hasta ahora la política comunitaria no ha logrado conseguir un equilibrio entre la oferta y la demanda. Por ello la Comisión Europea ha propuesto medidas que acaben con la sobreproducción, entre ellas, arrancar cerca de 400.000 hectáreas de viñedo --Extremadura tiene cerca de 100.000 hectáreas-- y modificar el sistema de ayudas.
Rechazo total
De momento, el Gobierno español, la Junta, las agrupaciones agrarias, las asociaciones de productores y las uniones de cooperativas han manifestado su oposición a las reformas que se plantean desde Bruselas. En este sentido, la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex) alerta de que la nueva OCM del vino puede suponer perder más de la mitad de los 44 millones de euros anuales recibe la región en ayudas a este cultivo. Pero es más, temen que se produzca una liberalización total del sector y que se registren importantes daños medioambientales y sociales en zonas productoras como Tierra de Barros. Así, por ejemplo, desde la Sociedad Cooperativa Viñaoliva de Almendralejo advierten de que "las hectáreas arrancadas pueden convertirse en zonas desérticas" y que se desestabilizará el elemento "más importante de sostenibilidad" de la comarca.
Además, los productores pacenses temen que el proyecto de la Refinería Balboa en Tierra de Barros llegue a ser una realidad, lo que en opinión de Asevex, tendría importantes consecuencias medioambientales y destruiría un gran número de empleos dentro del sector vinícola de la zona.
