El sector vinícola extremeño busca alianzas para mantener las ayudas

El sector vitivinícola extremeño ha decidido junto al Gobierno regional formalizar un frente unido y buscar alianzas en otras comunidades autónomas con intereses similares para forjar una posición común de cara a la negociación que determinará el reparto de los fondos europeos recogidos en la nueva OCM del vino, ratificada el pasado martes en Luxemburgo.En virtud de esta reforma comunitaria, a España le corresponde un sobre nacional de 213 millones de euros para 2009 en ayudas al sector del vino. Sin embargo, aún está por determinar la fórmula de reparto de esta cantidad entre las comunidades autónomas. En esta cuestión, la última palabra recae en el nuevo Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, quien tendrá que adoptar una decisión antes del 30 de junio. Hasta entonces, el departamento que dirige Elena Espinosa pretende hablar con las partes implicadas. CONTACTOS De ahí que las comunidades autónomas que defienden unos mismos intereses ya hayan iniciado los contactos para formalizar frentes comunes. Este es el caso de Extremadura y Castilla-La Mancha, quienes reclaman que sean sus agricultores quienes se lleven la mayor parte del presupuesto, dado que son los responsables de la creación de este fondo. "Lo que queremos es que ese dinero que hemos generado nosotros, nos venga a nosotros", indica Calixto Gajardo, presidente de la sectorial del vino de la Unión Extremeña de Cooperativas Agrarias (Unexca), que formó parte ayer de una reunión que sentó a todo el sector en una misma mesa.En la cita estuvieron presentes el consejero del ramo de la Junta de Extremadura, Juan María Vázquez, y los representantes de las organizaciones agrarias UPA-UCE, COAG y APAG Extremadura Asaja, y de la Asociación de Empresas Vinícolas de Extremadura (Asevex).Las organizaciones agrarias extremeñas pretenden que el reparto se haga en función de la contribución de cada comunidad autónoma a la formación de este fondo de ayudas. En este sentido, calculan que la parte que deben percibir el sector vitivinícola extremeño no puede en ningún caso ser inferior a los 45 millones de euros.Para que esta cantidad pueda ser efectiva, el Ministerio debe atender la demanda extremeña y castellanomanchega, quienes hasta ahora han sido precisamente sus productores y bodegueros los principales perceptores de las ayudas a las destilaciones de alcohol de uso de boca, a la producción de mosto o al almacenamiento.Por tanto, se posicionan en contra de que otras comunidades que tradicionalmente se han dedicado más a la producción que a la destilación, perciban con esta última reforma ayudas generadas por este último concepto. "Si hubiera sido por La Rioja, Castilla y León o Cataluña, ese dinero no hubiera venido a España", indica Gajardo, que añade que "quienes hemos ganado a pulso esa ficha financiera somos los que lo hemos generado, porque lo hemos pedido, y entendemos que ahora debe venir a nosotros".En concreto, las comunidades productoras prefieren que el reparto se haga en función al número de hectáreas cultivadas, sin tener en cuenta otros criterios. Según una primera estimación, esto podría suponer que las ayudas que recibe el sector del vino en Extremadura se vea reducido hasta los 17 millones, cuando las organizaciones agrarias hablan de no aceptar menos de 45 millones de euros. ARRANQUE DE VIÑAS Otro de los aspectos más relevantes de la reforma es el arranque voluntario de 175.000 viñas, con el fin de reducir la producción, por el que los agricultores, especialmente los mayores de 50 años, percibirán una prima que será de mayor cuantía cuanto antes tomen la decisión, debido a que los primeros años hay más fondos destinados a este aspecto. La principal reivindicación del sector extremeño en este sentido pasa por permitir beneficiarse de las subvenciones a los agricultores con cultivos asociados a la viña en sus parcelas, según indica Catalina García Reyes, de UPA-UCE. Por el momento, aquellos productores que además de viñas tengan plantado otro cultivo, como por ejemplo el olivar, una práctica muy habitual en Extremadura, no tienen acceso a percibir ayudas si deciden abandonar el cultivo voluntariamente. Otro aspecto aún por concretar del reparto es el periodo que deberán permanecer con vigencia los contratos que los productores deben firmar con las destilerías para cobrar las ayudas.Según la reforma, tras un periodo transitorio de cuatro años, el pago único quedará desacoplado a la producción, es decir, que los agricultores cobrarán lo mismo tanto si cultivan como si no lo hacen.