La operación Secadero ha permitido destapar "un entramado empresarial de tipo familiar que controlaba la administración de varias empresas que intervenían en el proceso de producción, almacenaje y transformación de higos secos destinado al uso animal". Según el relato de la Guardia Civil, "los administradores de estas empresas justificaban el almacenaje y transformación de unas determinadas cantidades de higos secos para pienso de animales, que en realidad no habían tenido entrada en el organismo almacenador, incumpliendo con ello los requisitos imprescindibles para percibir subvenciones".
Según fuentes del sector, en el caso del higo los organismos almacenadores hacen las veces de "colchón" para los agricultores en situación de crisis de precios. El productor entrega su cosecha en este organismo y a cambio recibe una ayuda fijada por la Unión Europea, que ésta canaliza a través del almacenador. Pero existe una reglamentación bastante precisa sobre las condiciones de almacenamiento, ayudas a percibir por los productores y controles administrativos.
El fraude consistiría, según la Guardia Civil, en que se habrían cobrado unas ayudas por unas cantidades de higo que no habían entrado en el organismo almacenador y que puede que ni siquiera existieran.
La trama se valía de "tres empresas vinculadas a dicha organización en Extremadura (Coag) que cubrían el proceso completo (proveedor, almacenaje y transformación) y del director de una sucursal bancaria". Este se dedicaba a "facilitar los cobros y pagos a los productores y ganaderos que adquirían los higos sin la transformación obligada para la percepción de las subvenciones".
Las empresas de la trama cobraban a los agricultores "algunos gastos inexistentes o que ya estaban subvencionados y en otros casos no han llegado a percibir cantidad alguna".
