"Lo que nos dice la experiencia de otras comunidades autónomas es que los resultados no son los pretendidos", explica el director general de Administración Pública de la Junta de Extremadura, Saturnino Corchero. Prueba de ello son las quejas y reivindicaciones que estas regiones lanzan cada año en sus encuentros periódicos.
En su última reunión, que tuvo lugar en Santander a principios de año, las comunidades autónomas reivindicaron al Ministerio de Justicia el traspaso real de la gestión sobre el personal no judicial al servicio de la Administración de Justicia (pertenecientes al cuerpo de auxiliares) y un mayor protagonismo en la implantación de la Nueva Oficina Judicial y el despliegue de los Servicios Comunes Procesales. De hecho, defienden que ambas cosas van ligadas.
En concreto, estas autonomías quieren potestad para aprobar la oferta de empleo público, convocar y resolver los procesos de selección y adscripción a los puestos de trabajo, nombrar a los funcionarios que superen las pruebas, impartir la formación inicial, diseñar y aprobar las relaciones de puestos de trabajo, gestionar la promoción interna y el registro de personal y ejercer la potestad disciplinaria.
Asimismo, han reivindicado una reforma de la ley sobre asistencia jurídica gratuita, un servicio que regula el Estado, pero pagan las autonomías. Los gobiernos autonómicos quieren que este derecho se vincule exclusivamente con la carencia de recursos económicos para evitar que, como ocurre ahora, en algunos casos se puedan beneficiar de este servicio personas con rentas millonarias.
"Además nos cuentan que la disponibilidad de recursos no es la que podía y debería ser, y la financiación tampoco", resume Saturnino Corchero.
