El desarrollo de políticas para reducir el ruido es uno de los ejes que se han marcado tanto socialistas como populares para incluir en sus programas electorales de cara a los comicios municipales del próximo 27 de mayo. Tanto el Programa Marco del PP como el del PSOE pretende que todos los ayuntamientos en los que lleguen a gobernar diseñen estrategias para conseguir municipios más saludables mediante la reducción de las emisiones de ruidos derivadas tanto del tráfico como de las zonas de ocio o las actividades industriales.

Precisamente el ruido ha sido la causa de la condena impuesta la pasada semana al Ayuntamiento de Zaragoza, al que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 ha condenado a indemnizar con 385.000 euros a 55 vecinos de una zona de bares que presentaron una demanda contra el consistorio por exceso de ruidos.

En Extremadura, y aunque han sido numerosas las demandas que en diferentes localidades se han interpuesto contra sus ayuntamientos por esta causa, hasta ahora solo en tres casos las sentencias han sido condenatorias. En uno obligándose al ayuntamiento a indemnizar a vecinos afectados y en los otros dos condenando a sus exalcaldes con penas de prisión e inhabilitación.

La última de estas condenas ha sido hace apenas unos días. En este mismo mes se ha conocido que el Juzgado de lo Penal 1 de Badajoz ha condenado al exalcalde socialista de Talavera la Real a un año de prisión y 8 de inhabilitación por un delito de prevaricación, "por permitir el funcionamiento de una discoteca que emitía ruidos que superaban los niveles máximos permitidos". Dos años antes, concretamente en diciembre del 2004, el mismo Juzgado de lo Penal de Badajoz condenaba al exalcalde del Siex de Villanueva del Fresno, al que por "permitir que estuviera abierto un bar, a pesar de las denuncias, gracias a las licencias provisionales que él unilateralmente firmaba", le impuso una pena de un año de prisión y la inhabilitación también por un año para el cargo de concejal que entonces ocupaba.

Y la primera condena a un ayuntamiento extremeño por ruidos de la que se tiene constancia fue la que el 27 de octubre del 2004 impuso la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) al Ayuntamiento de Don Benito, al que "por inacción ante locales ruidosos" condenó a pagar 18.000 euros a los 7 vecinos de la calle Bustos que habían denunciado.

En otros casos las denuncias no prosperaron, como ocurrió con la presentada hace tres años por Aedar contra el Ayuntamiento de Mérida, la de La Madrila contra el de Cáceres, o la de Puerta Pilar contra el de Mérida. Pero los vecinos no se rinden, y, así, hay en la actualidad algunas actuaciones, como la de la Asociación de Vecinos de la Urbanización Guadiana de Badajoz, que ha recurrido a la vía judicial, con un recurso contencioso, para lograr que el ayuntamiento les declare zona saturada.

Cambios Pese a las sentencias condenatorias contra ayuntamientos, ni en Extremadura, ni tampoco a nivel nacional, son frecuentes las condenas indemnizatorias. Así lo han reconocido a este diario titulares de Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de la región, que consideran como una de las razones la dificultad que supone poder demostrar los daños que los ruidos causados por bares o otro tipo de establecimientos pueden haber causado en los demandantes.

Según los jueces extremeños consultados al respecto por EL PERIODICO, "sí es posible cuantificar algunos gastos derivados de los ruidos, como por ejemplo si para evitarlos se han realizado obras en las casas, como colocación de dobles ventanas, insonorizaciones..., pero cómo se cuantifican por ejemplo los daños psicológicos o físicos causados por el ruido y, más aún, como se demuestra que esos daños son sin lugar a dudas consecuencia de los ruidos", señalan.

No obstante, advierten que la situación está cambiando, pues ya hay sentencias que están sentando precedentes, como una del Supremo donde se reconoce expresamente el descanso como un derecho, donde se resuelve que el ruido "puede llegar a presentar un factor psicopatógeno destacado en el seno de nuestra sociedad". Así, según advirtió el titular del Contencioso-Administrativo de Cáceres, "se está tomando ya mucha conciencia del problema que realmente supone el ruido", por lo que, en su opinión, cada vez va a haber más sentencias condenatorias en las que puedan incluirse indemnizaciones para los afectados.

"Además de exigir judicialmente a los ayuntamientos que obliguen a los locales a adoptar las necesarias medidas, también se les puede condenar a indemnizar a los afectados por los ruidos al no haber obligado a adoptarlas, pues esto significa que por su parte ha habido una clara dejación de funciones".