El eterno debate sobre las competencias municipales

WLw a gestión del ocio por parte de los ayuntamientos ha vuelto a abrir el debate sobre la idoneidad de la Administración que debe asumir la gestión de determinadas competencias y desde dónde debe llegar el dinero para sufragar el coste de estos servicios. Es cierto que la cercanía con el ciudadano convierte a los ayuntamientos en las instituciones más capacitadas para dar respuesta a las demandas sociales, pero cada nuevo paso en este ámbito refuerza la necesidad de concretar una ley que defina cómo se financian estas competencias.

El debate en Extremadura lo ha reabierto la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, tras su intención de asumir la gestión en materia de ocio --ahora en manos de la Junta de Extremadura-- y así posibilitar que el ayuntamiento tenga manos libres para negociar, a cambio de un cumplimiento más estricto de la nueva normativa, mejoras en las licencias a bares y horas de cierre. Realmente, la oferta de la edil cacereña responde a lo que es un objetivo del nuevo Gobierno autonómico. El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, defendió durante la campaña electoral la necesidad de que los ayuntamientos adquieran un mayor protagonismo en esta legislatura, así como más competencias en aquellas áreas donde su grado de cercanía al ciudadano los convierte en la Administración más eficaz.

Hasta ahí, todo perfecto. Pero la gestión de cualquier nueva competencia por parte de los ayuntamientos debe tener su reflejo en los presupuestos. Y estas deben ser bienvenidas siempre que las mismas no vayan en detrimento de otros servicios. Así al menos se han posicionado los alcaldes de las otras grandes ciudades extremeñas, quienes son partidarios de asumir nuevas áreas competenciales aunque mantienen divergencias importantes, ya que unos las rechazan si no van acompañadas de la suficiente dotación económica, otros consideran que el asunto debe tratarse en el Consejo de Grandes Ciudades y algunos ni se lo plantean por considerar que existen intereses políticos tras la oferta de Carmen Heras.

No se puede negar que la mayoría de los consistorios asumen funciones sociales con gastos muy por encima de las responsabilidades que están asignadas por la ley y de los recursos económicos de los que disponen. Por eso, parece obligado que cada reivindicación de este tipo plantee la necesidad de sentar las bases de un principio de suficiencia financiera para los ayuntamientos, para que el municipalismo deje de ser una de las asignaturas pendientes de la vida pública en este país y contribuya a corregir las propias desigualdades entre municipios.

Superada esta primera fase, la gestión municipal del ocio parece una idea acertada, sobre todo si la competencia se concibe como un proyecto que tenga más recorrido que el impacto de un titular mediático. Un informe reciente asegura que más de la mitad de los jóvenes extremeños suspenden a los ayuntamientos en sus ofertas de ocio. Si quieren, los gobiernos locales tienen trabajo por delante.