WLw a Fiscalía Anticorrupción ha imputado a dos altos funcionarios del Ayuntamiento de Badajoz y a dos empresarios, propietarios de Jardines del Guadiana y Golf Guadiana, de estafa continuada y delitos urbanísticos. Ello en relación a las actuaciones llevadas a cabo tanto en torno al Golf Guadiana, algunas de cuyas actuaciones serían irregulares, como en torno al Canal de Badajoz, una franja de tierra de algo más de 1.000 metros cuadrados que sigue paralela al Guadiana, que es de propiedad municipal y que Jardines del Guadiana, según la Fiscalía, se habría apropiado de ella valiéndose de que los funcionarios incumplieron sus obligaciones de defender los intereses municipales. Los cargos de la fiscalía son extremadamente duros: no es cualquier cosa el delito de estafa ni el urbanístico. Y menos si se imputa a unos funcionarios. La fiscalía, por otro lado, no es cualquier parte personada en un procedimiento: se trata de la instancia encargada de la defensa de la legalidad. Y aunque no es una sentencia, el asunto no es fácil de encarar por el ayuntamiento: importa poco que no haya ningún responsable político imputado, porque el mero hecho de que el fiscal apunte a dos funcionarios salpica indudablemente al consistorio. El alcalde ha dicho lo que se espera de él: que está del lado de los funcionarios. Sus compañeros, además, defienden su probidad. Será imposible que estas cuestiones emocionales queden lejos del procedimiento, que desde el punto de vista de la opinión pública ya está iniciado. Sin embargo, nada sería más deseable para que se pudiera defender tanto el interés general (si ha habido una actuación que ha menoscabado el patrimonio público, sus responsables deben pagar por ello), como el de la presunción de inocencia de los imputados por anticorrupción.
