Ley del aborto, regreso al pasado

Consumado por parte del Gobierno de Mariano Rajoy el mayor golpe a las libertades de las mujeres durante la democracia en España, queda ahora como respuesta que el anteproyecto de ley sobre el aborto no se apruebe en los términos anunciados en el Congreso de los Diputados y en el Senado.

Alberto Ruiz-Gallardón , el ministro titular de la nueva legislación, tal vez cumple, como recordó ayer, con la filosofía del progama electoral del PP respecto a la interrupción del embarazado. Pero también es cierto que entrega un derecho adquirido por ley a la reclamación solo de una minoría ciudadana, que pesar de hacer mucho ruido, no debería determinar la gestión de un Gobierno que se debe a toda la ciudadanía. Y, en estos meses, ha quedado claro el amplio rechazo a esta restricción.

Gallardón puso ayer el cuerpo y la capacidad de decidir de las mujeres en el centro de un cuadrilátero jurídico, tomando como escudo la parte interesada de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley de 1985. Así esgrimió varias veces el "bien jurídico" omitiendo la protección de los derechos amparados en la Constitución, de los que son tiulares solo las personas.

Pero el intento del ministro de buscar amparo en ese tribunal no alcanza a esconder la realidad: el aborto deja de ser un derecho de la mujer, como hasta ahora --podía interrumpir su embarazo hasta la semana 14 de gestación-- y regresa a un sistema de supuestos más restrictivos que en 1985. A las mujeres se las considera pues como simples portadoras, perdiendo la autonomía sobre su cuerpo, y pasando a ser, como afirmó el ministro, víctimas.

De esta manera, en los dos únicos supuestos legales para abortar (la violación o el grave peligro para la salud física o psíquica de la madre; queda eliminado el supuesto de malformación fetal), la decisión la certificaránlos médicos ya que la de la mujer a solas no contará.

Es más, la nueva legislación modificará los protocolos para actuar de tal manera que la decisión de interrumpir el embarazo se convertirá en un laberinto en un momento en el que el tiempo es clave. Y las menores de 16 y 17 años necesitarán el permiso familiar,sin matices. Gallardón puso su ley bajo el paragüas de la ONU. Pero no citó las cifras de la organización, según las cuales, las restricción de la legislación no reduce la cifra de abortos, los hace inseguros.